De acuerdo con mensajes que se han hecho virales en redes sociales y de mensajería instantánea, la nueva ley que pretende obligar a los ciudadanos a proporcionar sus datos biométricos tendrá muchos efectos negativos desde fiscales, Penales, laborales, civiles, de control social, etc.
Según el comunicado que ha trascendido, este fin de semana, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ahora obligará a cerca de 90 millones de mexicanos a dar información sensible de nuestras personas e íntimas, lo cual es calificado como arbitrario, autoritario y un abuso del poder gobernante en toda su extensión, violando con ello los más elementales derechos humanos y garantías individuales.
El artículo modificado y publicado dice: «Artículo 180 Ter. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá, sobre cada línea telefónica móvil, la información siguiente:
I. Número de línea telefónica móvil;
II. Fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM;
III. Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario;
IV. Nacionalidad;
V. Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea;
VI. Datos Biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto;
VII. Domicilio del usuario;
VIII. Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados;
IX. Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago, y
X. Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo.
Para efectos de este artículo, se entenderá como tarjeta SIM al dispositivo inteligente desmontable utilizado en los equipos móviles, con objeto de almacenar de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante determinada red.»
Por tanto, al entrar en vigor el lunes 19 de abril, aunque sus transitorios dan pauta a algunos plazos, ante ello, algunas personas han comenzado a organizarse para presentar amparos sobre el decreto, recurso que se puede presentar en los siguientes 30 días hábiles contra el decreto a partir de su publicación.
Advierte que el hecho de crear un padrón de usuarios con esa información es muy peligroso. Recién los bancos han obligado a la geolocalización de usuarios de banca móvil. Se propone un padrón de empresas de subcontratación.
En ese sentido, Juan Pablo Gómez Fierro, juez que desde hace unas semanas mantiene paralizada la reforma eléctrica de la 4T, concedió este martes las primeras suspensiones contra la entrada en vigor del decreto por el que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUT).
Estimó que la creación de PANUT persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos y que dicha base de datos pueda resultar en el intercambio de información con autoridades competentes en materia de seguridad y justicia.
Sin embargo, señaló que “de un análisis superficial” se advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos (huellas digitales, el iris, el rostro o la retina) para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, viola derechos de las personas, aún más cuando en México 75 por ciento de la población tiene un teléfono móvil, y “podría no ser idónea ni proporcional”.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acusó al juez Juan Pablo Gómez Fierro de “andar de queda bien” y proteger “interese particulares” contrarios a la seguridad del país, por haber otorgado la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
Ricardo Mejía Berdeja, secretario de Seguridad Pública, dijo que esto se hace “a contentillo por ciertos grupos” y empresas que promueven una campaña contra el registro en el padrón.
Calificó a los teléfonos de prepago como el “hoyo negro” de la seguridad, pues se venden de manera indiscriminada y sin control.
Muestra de ello, dijo, es que nueve de cada diez llamadas de extorsión son realizadas con teléfonos de prepago y en casos de secuestro hubo más de 20 números desde los que se llamó a familiares de las víctimas.
Sostuvo que en el caso de los teléfonos móviles de renta fija las compañías exigen datos personales como identificación de INE, autorización para ir al Buró de Crédito o en algunas aplicaciones ya se piden datos biométricos, pero en estos casos “nadie se rasga las vestiduras” como en el PANAUT.
