Ciudad de México.- Aún 42.5 millones de personas en la Región de América Latina y el Caribe viven con hambre, mientras que la malnutrición por peso excesivo de las y los latinoamericanos y caribeños es de las más altas en el mundo, afectando en mayor medida a las mujeres.
Son necesarios cambios profundos en nuestros sistemas alimentarios y hábitos de consumo actuales para combatir los problemas de nutrición que afectan a más de 2 000 millones de personas, sobre todo en países en desarrollo.
Para combatir la malnutrición se requieren profundos cambios estructurales. La región ha reaccionado ante el alza de dicha problemática mediante una serie de políticas públicas, en donde las y los legisladores son fundamentales para combatir la pobreza, lograr la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible por medio de iniciativas e instrumentos jurídicos.
Los países de América Latina y el Caribe han impulsado distintas políticas públicas y marcos legales para favorecer entornos alimentarios más saludables, dichos entornos, son espacios fundamentales en los cuales se determinan las opciones que dispone el consumidor para elegir ciertos tipos de alimentos u otros, representan una ventana de oportunidad para que los Estados desarrollen políticas públicas que protejan y promuevan la alimentación adecuada ampliando el acceso físico y económico a alimentos nutritivos, mejorando el acceso y uso de la información y desarrollando habilidades para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la alimentación saludable.
“El camino hacia el Objetivo 2, Hambre Cero, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de donde hay que sacar a estos 42,5 millones de personas de la vulnerabilidad, no sólo es una acción de los gobiernos, sino también son políticas de estado donde los parlamentos juegan un papel esencial para lograr una América Latina y Caribe más sostenible y libre de hambre y malnutrición”, comentó Lina Pohl, Representante de la FAO en México, es su participación en el Foro organizado por la FOPREL.
Desde 2009, la FAO apoya y colabora con la red de legisladoras y legisladores del Frente Parlamentario contra el Hambre, que cuenta con más de 500 parlamentarias y parlamentarios de 21 países que se agrupan a nivel nacional, subregional y regional. La red ha logrado poner en marcha más de 40 leyes nacionales de alimentación escolar, agricultura familiar, etiquetado de alimentos, prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, lactancia materna, agroecología, entre otras.
Estas leyes han sido, en su mayoría, generadas o motivadas a partir del interés que han despertado los parlamentos o foros legislativos regionales en el ámbito nacional, tal es el caso del FOPREL; el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO); el Parlamento Andino (PARLANDINO); el Parlamento del Mercosur (PARLASUR) y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Está demostrado que, cuando las políticas públicas están respaldadas por procesos legislativos adecuados, los indicadores de pobreza, agricultura sostenible y de seguridad alimentaria pueden mejorar rápidamente.
