Ciudad de México.- Un grupo de 31 académicos está siendo acusado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) busca llevarlos a prisión e imponerles penas de hasta 40 años tras las rejas.
Además, la dependencia pide que los científicos, una vez presos, sean enviados a un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.
La Fiscalía General de la República señala a 31 académicos e investigadores en total, que provienen de instituciones como la CIDE, de la UAM, del Tec de Monterrey, entre otros. De ellos 25 son exfuncionarios de Conacyt durante la anterior administración mientras que seis son personas vinculadas al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC: los 3 excoordinadores generales, 2 secretarías técnicas y el abogado.
A través de un comunicado, la FGR informó que el Juez de Distrito que ha tomado conocimiento del asunto señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, señala el comunicado de la FGR.
Y agrega que: “por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.
Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho.
La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.
