Por: Rafael Ayala Villalobos
El retraso en la terminación de la reconstrucción del bulevar Lázaro Cárdenas en La Piedad, por el incumplimiento de la empresa contratada, pese a haber recibido a tiempo sus pagos por el avance de la obra -por lo que el alcalde Samuel Hidalgo ha estado gestionando su conclusión ante el gobierno de Michoacán ya que se trata de una obra de gasto estatal, y que recientemente ordenó ponerle un encarpetado de emulsión asfáltica al tramo inconcluso para aliviar el perjuicio a la población, el deterioro de las calles adyacentes y la afectación al comercio de tan importante vía de comunicación- nos invita a reflexionar sobre tres cosas:
La primera, que durante muchos años ningún gobierno estatal había querido atender dicho bulevar, a lo sumo para bacheo o re-encarpetamiento parcial, hasta que en el anterior sexenio estatal el gobernador Silvano Aureoles, aparte de apoyar la pavimentación de varias calles, lo prometió y aunque lo cumplió ya casi al final de su administración, es de reconocerse que no se trata de un re-encarpetamiento, sino de una vuelta a construirlo, ya no con asfalto sino con concreto hidráulico. ¿Porqué no se atendió antes? Posiblemente porque el gobierno anterior dio mayor prioridad a obras educativas como el nuevo COBAEM, las mejoras al CONALEP, entre otras, y a las de salud, como los mejoramientos al Hospital Regional o el nuevo Centro de Salud que está por terminarse. Correspondió al presidente Alejandro Espinoza no quitar el dedo del renglón y no parar de gestionar tan importante obra que junto con otras realizadas mejoraron la infraestructura urbana y rural, lo que el edil Samuel Hidalgo ha continuado con mayor celeridad.
La segunda, que el bulevar Lázaro Cárdenas le ha servido muchísimo a La Piedad. La visión de crecimiento y desarrollo del doctor Marco Antonio Aviña Martínez, presidente municipal a inicios de los años setentas, logró atraer a la federación y al estado para construir un bulevar bien hecho. ¿Usted ha visto que lo reparen a la altura del bulevar y 25 de Julio, por el rumbo del mercado principal, o por el jardín de La Purísima, por ejemplo? ¿No, verdad? ¿Sabe porqué? Porque fue hecho con honestidad. El doctor Aviña le agregó al concreto un ingrediente: su honestidad. He ahí una rayita a brincar.
La tercera y en la que nos vamos a detener un poco, es que el gobierno municipal no hubiera podido arreglar el bulevar porque no tiene los recursos suficientes. Hay quien erróneamente dice que los problemas de La Piedad se van a acabar cuando gobierne determinado partido o personaje. Eso es falso. No se trata de marcas y colores o de caras y nombres, sino de una debilidad estructural, una insuficiencia institucional ocasionada porque México vive un federalismo de a mentiritas. Pero como dijo Jack El Destripador, vámonos por partes.
Los municipios y los estados viven una federación de a mentiritas, lo repito. Es cosa de ver que las 32 entidades y La Piedad, Yurécuaro, Tanhuato, Numarán, Zináparo y Churintzio junto con los demás municipios del país recibieron mucho menos dinero federalizado en el 2021 porque el gobierno federal rebajó los recursos llamados participables, los de las aportaciones y, “ya encarrerado el gato ingó a su madre el ratón”, también las participaciones federales, muy en consonancia con el estilo centralista y por lo tanto conservador de estos tiempos.
Tal absurdidez e injusticia administrativa es posible porque desde los años ochentas el pacto federal se puso de cabeza. El gobierno actual simplemente se está aprovechando de ésta situación que le viene de perlas para concentrar poder, quitarle recursos a los estados y municipios, destinarlos a sus obras prioritarias y de paso, meter en problemas a los alcaldes y a los gobernadores que andan casi como pedigüeños detrás del presidente para “bajar recursos”, más con criterios políticos y cálculos electorales que técnicos. Si usted lo ha notado, el gobierno federal no ha aumentado impuestos. No lo necesita porque le quita recursos a los estados y se los embolsica, obligando con ello a los gobernadores a subir o establecer nuevos impuestos, o renovar las placas de los vehículos, lo que es muy impopular.
Veamos algo de historia: el federalismo de los Estados Unidos de Norteamérica se construyó de la periferia al centro cuando las trece colonias británicas se independizaron de la corona Británica, se organizaron unidas mediante un pacto y crearon un gobierno federal. Las atribuciones mayores en materia fiscal y hacendaria se las auto-asignaron los estados en mayor medida que las del gobierno federal quien tenía y tiene atribuciones específicas.
En México fue al revés: el gobierno central creó a las entidades y como no tenía la capacidad presencial y administrativa para conducir a la nación, atribuyó mayormente lo hacendario a los estados. Fue hasta los años ochentas cuando el presidente José López Portillo propició una revisión del pacto federal en materia administrativa y hacendaria, derivada de la cual los estados prácticamente nombraron super-administrador a la federación, dejándole los impuestos de mayor recaudación. Y no solo eso, sino que le endosaron el poder de hacer el reparto mediante fórmulas muy inequitativas que hoy permiten que el gobierno federal se quede con casi el 80 por ciento del presupuesto federal y reparta el resto entre los estados y sus municipios. Los impuestos más redituables como el IVA, impuesto al consumo, o como el ISR, impuesto al ingreso, o el IEPS, impuesto a la gasolina, tabaco, alcohol o cerveza, o el IETU, que es un impuesto de aplicación pareja, a todos, sin consideraciones.
La distribución inequitativa del dinero público entre la federación y los estados y sus municipios, debe detenerse para dar paso a un nuevo pacto federal a fin de que lo hacendario y fiscal tome en cuenta las características de las diferentes regiones del país y las circunstancias de cada entidad. Algo así han pedido algunos gobernadores, uno de ellos el de Jalisco, Enrique Alfaro, que ha solicitado hace unos días al gobierno federal que ya no exista un solo pacto para los 32 estados, sino que cada entidad elabore el suyo con la federación de acuerdo a sus particularidades. Jurídicamente se puede hacer, cada entidad puede renovar o no su pacto, o puede solicitar adecuaciones. El problema es que los gobernadores saben que tal postura puede traer consecuencias políticas vengativas.
Mire usted, recibir más o menos recursos es importante en el diálogo por un nuevo pacto fiscal federal –de hecho es lo que hace más ruido- pero en mi opinión es más importante ahora revisar las reglas del juego muy a modo de la federación y en esto se deberían aplicar los integrantes de los ayuntamientos.
Con independencia de las cantidades o porcentajes de dinero que se reparten los estados, la federación y los municipios, también se necesita que algunos presidentes municipales construyan un amplio frente municipalista para exigirle a la federación revisar y replantear las reglas de la distribución de recursos y las condiciones como del famoso Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que indica condiciones precisas a los gobiernos estatales y municipales, así para conseguirlo como para aplicarlo, “bajando dinero” de ocho fondos que supuestamente atienden “áreas prioritarias para el desarrollo”.
Discutir las reglas y no tanto las cantidades a repartir puede ensanchar el horizonte sobre la utilidad de los fondos siguiendo criterios de políticas públicas de cada región, entidad y municipio y no tanto aplicando a rajatabla los criterios de la federación, lo que mejoraría el equilibrio del federalismo mexicano.
En 2021, los gobiernos locales recibieron recursos federalizados en tres ramos: un primero, el Ramo 28, en el que los estados pudieron gastar bajo sus criterios; un segundo, Ramo 23, que son los subsidios; y un tercer Ramo, el 33, que impone condiciones estrictas al gasto.
El último es el que representa la mayor fuente de ingresos de los estados: el 42 % del dinero que la federación les manda y el 39 % del presupuesto anual de las entidades, ocasionando una fuerte dependencia de los estados hacia la federación, a diferencia de otras federaciones de otros países.
El encadenamiento de los municipios y estados es impuesto por tres eslabones de control: cuáles son los objetivos de esos fondos; los criterios para darlos o negarlos; y las reglas para que se ejercite y se compruebe el gasto.
Hay otros fondos de suma importancia pero que atienden actividades específicas como el FAETA para la educación de los adultos, o el FONE, éste último que cubre la nómina educativa y en el que por culpa de gobiernos michoacanos irresponsables, no incluía a todos los maestros, situación que va en camino de resolverse.
La verdad es que estos fondos se utilizan no tanto por criterios de políticas públicas bien estudiadas, sino para seguir aceitando la maquinaria del sistema, administrando inercias o tapando hoyos de anteriores endeudamientos, de tal suerte que los susodichos objetivos no son más que mera formalidad de trámite.
Junto al federalismo agandallante por parte del gobierno federal, está otro detalle: la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación establece fórmulas de distribución casi exclusivamente numéricas, sin considerar circunstancias cualitativas, por ejemplo, solo se fija en el número de habitantes o en los recursos materiales disponibles por parte de los municipios, como en el FORTAMUN que se aplica solo tomando en cuenta el número de habitantes en un territorio, o el FASSA que se basa en la plantilla de personal, los inventarios y la infraestructura lo que no abona a la toma de decisiones certeras. Prevalece pues lo administrativo por encima de lo social.
¡Es hora de fortalecer la capacidad resolutiva de los gobiernos municipales en beneficio de su población!.
¡Es hora de que el Ayuntamiento de La Piedad trate de articular con otros municipios de Michoacán y del país un frente municipalista y federalista!.
¡Es hora de que desde lo local se alce la voz para un nuevo pacto hacendario federal y para un auténtico federalismo que respete al municipio libre!.
La Piedad podría ser la sede de un primer encuentro, de un diálogo inicial que lance a la República una proclama que informe, concientice y organice la insurgencia municipalista que México necesita.
¡Viva el municipio libre!
