La Piedad, Mich.- Todo el personal educativo, incluyendo administrativos, que laboran en escuelas públicas y privadas de Michoacán está obligado a volver a regresar a sus actividades habituales, de manera tal que en las escuelas se puedan impartir, a partir de este martes, clases presenciales.
Así lo dio a conocer el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en conferencia de prensa celebrada la mañana de este martes en la capital del estado, haciendo alusión al Decreto que se firmó el pasado sábado y que establece los ajustes a las medidas de sanidad que se deben seguir en el territorio estatal para hacer frente a la pandemia por Covid-19.
En concreto, estableció que es obligatorio que las escuelas están abiertas y que cada uno de los maestros y administrativos estén en las áreas que les corresponden y ejecutando las tareas para las que se encuentran contratados.
Sin embargo, los padres de familia de estudiantes que cursan los niveles de secundaria, primaria y preescolar tendrán la opción de decidir si envían o no a sus hijos. Ellos pueden optar por continuar en clases en línea.
En el caso de los estudiantes de bachillerato y universidad, estos tendrán que regresar a sus clases presenciales en concordancia con sus planes de estudio.
El mandatario advirtió que los trabajadores de la educación que no acudan a las escuelas sí pueden ser sancionados, tanto privadas como públicas. “Luego los privados se andan haciendo guajes, pero para ellos también el regreso es obligatorio”, sentenció el mandatario.
En todos los casos se debe favorecer la ventilación natural de los espacios cerrados, promover espacios libres de humo de tabaco y evitar la participación de adultos mayores de 60 años en lugares concurridos.
Todas estas disposiciones, se suman al uso obligatorio de cubrebocas, instalación de filtros sanitarios, gel antibacterial, lavado frecuente de manos y sana distancia.
La resistencia o incumplimiento a este decreto que entrará en vigor a partir del próximo martes 25 de enero, generará amonestaciones con apercibimientos, multas de 10 a 30 unidades de medida y actualización, clausura temporal o definitiva y arrestos administrativos hasta por 36 horas.
