Morelia, Mich.- “Al negarse el derecho de reelección al Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, Sergio Mecino Morales, sin que exista una causa grave que atienda una debida fundamentación y motivación, se están violentando principios constitucionales como legalidad, seguridad jurídica e igualdad”, expresó la Diputada Adriana Hernández Íñiguez en sesión extraordinaria del Poder Legislativo.
Lamentó que se comentan irregularidades y se violenten los derechos de un ciudadano.
E hizo un llamado enérgico a las y los ciudadanos a no permitir que se atropellen poderes ni órganos autónomos por parte del Ejecutivo: “atentas michoacanas y michoacanos, esto es un intento del Estado de hacer lo que el Gobierno Federal está haciendo en contra de los órganos autónomos, ojalá que no lo permitamos”.
La legisladora priista explicó que a los congresos locales sólo les compete interpretar la Constitución para que las y los magistrados puedan ser reelectos hasta en dos ocasiones para el ejercicio de su cargo, cuando su desempeño no sea cuestionable y haya constancias que así lo demuestren.
“Nos encontramos con graves inconsistencias procedimentales en la decisión de este Congreso, en dictámenes hechos a modo, privilegiando los intereses políticos del Estado, más allá de argumentos jurídicos y legales. Más allá de nombres, colores y filias, debe hacer un respeto a un derecho constitucional que es la reelección”.
E hizo un llamado a sus compañeras y compañeros diputados a que no olviden que la Constitución es el ordenamiento fundamental de mayor jerarquía de las y los michoacanos y debe ser respetada por todas y todos; “pero más aún por congruencia, las y los legisladores estamos obligados a poner el ejemplo”.
“Que grave que funcionarios del Estado hayan dado línea política para buscar argumentos y negar el derecho de un Magistrado a ser reelecto, sin haber analizado y evaluado su desempeño. Pero en el caso de su amigo fue todo lo contrario y se le concedió la reelección”, expresó Hernández Íñiguez.
Y finalizó abriendo una interrogante: “¿no será que el Ejecutivo pretende tener el control del órgano judicial anticorrupción que sanciona faltas administrativas para maniobrar como un Estado absolutista?”
