El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha admitido una situación alarmante y peligrosa que tuvo que enfrentar el año pasado durante la realización del censo en algunas partes de México.
La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto estadístico, Susana Pérez, declaró ante una comisión de la Cámara de Diputados que empleados del organismo se vieron obligados a contratar a delincuentes para poder llevar a cabo algunas entrevistas del censo, y uno de los funcionarios incluso fue secuestrado en el intento.
Según Pérez, el problema era particularmente grave en las zonas rurales del país, donde los cárteles de la droga y bandas criminales ejercen un fuerte control y poder.
En muchas comunidades agrícolas abandonadas en el centro y norte de México, los trabajadores del censo se encontraron con la dificultad de no tener a nadie a quien entrevistar, lo que evidencia el grado de inseguridad y control que algunos grupos criminales tienen en estas áreas.
Para poder operar en estas regiones peligrosas, el Inegi se vio forzado a adoptar diversas estrategias, entre ellas, pagar a estos grupos delictivos para ingresar a ciertas ciudades y llevar a cabo las entrevistas.
Además, también recurrieron a la contratación de personal local conocido por los pobladores, pero que a veces podían estar involucrados en actividades delictivas.
Michoacán y Guerrero, focos rojos
La situación es aún más preocupante en estados conflictivos como Michoacán y Guerrero, donde los cárteles pueden intentar influir en los resultados de las encuestas para favorecer a candidatos aliados con ellos.
Es por ello que los encuestadores y trabajadores del Inegi, así como colaboradores de empresas encuestadoras y de mercadotecnia, se convierten en objetivos para extorsiones y amenazas, y en ocasiones son confundidos por miembros de grupos rivales, lo que los pone en peligro.
El analista de seguridad, David Saucedo, ha confirmado que los cárteles y bandas tienen como blanco a los trabajadores del Inegi y a colaboradores de empresas encuestadoras en algunas partes del país.
Esta situación es particularmente delicada debido a que el Inegi es un organismo financiado por el gobierno, pero que debe mantener una autonomía casi total para garantizar que las estadísticas que produce no sean alteradas por motivos políticos.
Autoridades han perdido el control
Las autoridades federales también han reconocido que en algunas zonas del país, especialmente aquellas bajo el control de bandas de narcotraficantes, han perdido el control y permitido que estos grupos operen prácticamente sin obstáculos.
Esta situación genera preocupación y temor entre la población, ya que las bandas delictivas tienen un gran poder y capacidad para tomar decisiones que afectan a la comunidad.
El Inegi y las autoridades gubernamentales deben tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores del censo y demás colaboradores, así como para proteger a la población que se ve amenazada por la presencia y control de grupos criminales en sus comunidades.
Es necesario que se realicen esfuerzos conjuntos para combatir la delincuencia y asegurar que las actividades censales y estadísticas puedan llevarse a cabo sin temor ni interferencias ilegales.
Con información de El Informador
