El Senado de la República de México ha aprobado por unanimidad una reforma histórica que impactará significativamente en la inclusión laboral y la no discriminación en el país. Con 69 votos a favor, los legisladores han modificado la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para prohibir la solicitud de la carta de antecedentes penales como requisito en el proceso de contratación.
Esta reforma tiene como objetivo principal evitar la discriminación y garantizar igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, independientemente de su historial penal. La iniciativa ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente, y se espera que sea promulgada pronto como ley.
El proyecto también incluye reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula el empleo en el sector público. Ahora, no se podrá discriminar a los trabajadores en base a su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales en lo que respecta a su ingreso, permanencia o ascenso en el trabajo.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, destacó que esta iniciativa está diseñada para brindar una verdadera oportunidad de reinserción social a las personas que han cometido delitos. Resaltó que las personas liberadas de prisión a menudo se enfrentan a dificultades para encontrar empleo digno, lo que las coloca en situaciones precarias que pueden aumentar el riesgo de reincidencia delictiva. Con esta reforma, se busca romper este ciclo y fomentar la reinserción exitosa de quienes han cumplido condena.
La reforma contempla excepciones para empleos relacionados con la seguridad pública o privada, y fortalece los principios de no discriminación en el empleo público. Durante la misma sesión, los legisladores también aprobaron medidas para permitir que los campesinos accedan al seguro social y promover un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos, marcando un avance significativo hacia una sociedad más equitativa e inclusiva en México.
