Morelia, Mich.- Por medio de una carta abierta, Cuauhtémoc Ramírez Romero, representante de la única planilla que se registró para integrar el Consejo Político Estatal, dio a conocer la inconformidad de los militantes priístas, ante lo que llamaron un intento por apoderarse del partido en el ámbito estatal “para empoderar a los políticos que responden al interés de quien tenemos tan malos recuerdos: Alfredo Castillo”.
Recordó que en el mes de noviembre pasado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI emitió la convocatoria para renovar el Consejo Político Estatal. Sólo se tuvo el registro de la planilla que él encabeza, con 282 propietarios e igual número de suplentes.
Con el argumento de que desconocían la militancia de los 564 participantes, les fue negado el registro, por lo que ya acudieron a los tribunales electorales que son los que habrán de decir la última palabra.
Ramírez Romero puntualizó que sin que el proceso legal haya concluido, el CEN lanzó una nueva convocatoria y la postura de la dirigencia es que hay otras expresiones políticas como la de Enrique Ochoa Reza, Marco Polo Aguirre y de Salvador Jara.
Agregó que se negaron a aceptar que hubiera una elección y “como si fueran dueños de la militancia, dijeron: a cada uno le tocan tantos consejeros y el Comité Nacional va a poner el 20 por ciento de estos”, lo que resulta inaceptable, porque ya se han visto los resultados electorales cuando no se respeta a la militancia.
Está claro –dijo- que su maniobra es dejar pasar el tiempo para sustituir a Víctor Silva Tejeda como Presidente Estatal, con un delegado nombrado por el Presidente Nacional, que llevará a cuestas el apellido Castillo. “El Comité Nacional no ha respetado la legalidad, no respeta el valor de la militancia y pretende imponer; asume una actitud dictatorial, con un desdén por la voluntad de la militancia que no le dejan votar y decidir”, sentenció.
Finalmente sostuvo que ante procesos impositivos y de iniquidad, en un acto de congruencia y dignidad, han decidido no participar en ellos, para no convalidar decisiones antidemocráticas.
