El 4 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta reforma busca modificar el sistema de elección de jueces y magistrados, estableciendo que sean seleccionados por voto popular, lo cual representa un cambio significativo en la estructura del Poder Judicial del país.
La aprobación de la reforma fue respaldada por 359 votos a favor y 135 en contra, principalmente de la oposición. La propuesta incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 y la limitación de su mandato de 15 a 12 años.
Ahora, la reforma ha sido enviada al Senado para su discusión y eventual votación.
Implicaciones de la Reforma
1. Impacto en la independencia judicial:
La elección popular de jueces ha sido uno de los puntos más criticados.
Muchos temen que esto erosione la independencia judicial, ya que los jueces podrían verse influenciados por presiones políticas o incluso por el crimen organizado en regiones donde su influencia es fuerte.
La imparcialidad judicial se vería comprometida, lo que podría debilitar el Estado de derecho en México.
2. Reducción de ministros y plazos en la Suprema Corte:
La reducción del número de ministros y la limitación de sus periodos de servicio buscan, según el oficialismo, mejorar la eficiencia del tribunal.
Sin embargo, esta medida es vista como un intento de controlar políticamente a la SCJN, que en varias ocasiones ha bloqueado reformas importantes propuestas por el presidente, especialmente en sectores como el energético y de seguridad.
3. Repercusiones económicas y comerciales:
Organizaciones internacionales, incluyendo Estados Unidos y Canadá, han advertido sobre los riesgos que esta reforma implica para la seguridad jurídica en México, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Las empresas extranjeras podrían enfrentar incertidumbre en la resolución de disputas, lo que podría disuadir la inversión en el país.
4. Tensión política y social:
La reforma ha generado una fuerte división política en el país. Mientras el presidente López Obrador y sus aliados consideran que esta reforma es un paso hacia la democratización del sistema judicial, la oposición y varios sectores judiciales han protestado activamente.
Trabajadores del Poder Judicial están en huelga, y tanto manifestaciones como debates han escalado en varias ciudades del país.
5. Relaciones internacionales:
Estados Unidos ha expresado su preocupación sobre cómo esta reforma podría afectar las relaciones comerciales bajo el T-MEC y considera que podría politizar el sistema judicial mexicano, lo que también sería aprovechado por grupos criminales.
Canadá comparte inquietudes sobre la seguridad jurídica para las inversiones en México, lo que podría repercutir en las relaciones bilaterales a largo plazo.
