Durante su último día como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó la reforma que instruye el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
También firmó la que reivindica los derechos indígenas que recientemente aprobó el Congreso de la Unión.
El decreto de militarización de la Guardia Nacional en México es un tema que ha generado un intenso debate político y social. Este proceso se refiere a la transferencia de la Guardia Nacional, originalmente concebida como una fuerza civil de seguridad, bajo el control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), militarizando efectivamente su estructura y operación.
Contexto:
La Guardia Nacional fue creada en 2019 durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como una fuerza híbrida, con elementos militares y civiles, pero con la premisa de que su mando sería civil. Su objetivo principal era combatir la creciente inseguridad y la violencia en el país, reemplazando a la Policía Federal.
Sin embargo, a partir de 2020, se empezaron a discutir medidas para poner a la Guardia Nacional bajo control militar. Esto culminó en septiembre de 2022, cuando el Congreso aprobó una reforma constitucional que trasladó el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la SEDENA. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mismo mes, formalizando la militarización.
Argumentos a favor de la militarización:
- Fortalecimiento de capacidades operativas: Los defensores de la militarización argumentan que la Guardia Nacional necesita el respaldo y la disciplina de las fuerzas armadas para enfrentar al crimen organizado con mayor eficacia.
- Mejor infraestructura y recursos: La SEDENA cuenta con mayores recursos, infraestructura y logística para operar en zonas de conflicto o de difícil acceso.
- Estabilidad en el mando: Se sostiene que la militarización garantizará una estructura de mando más consolidada y estable.
Críticas y preocupaciones:
- Riesgo a los derechos humanos: Organizaciones civiles, académicos y opositores han advertido que la presencia militar en tareas de seguridad pública podría aumentar las violaciones a los derechos humanos, dado el historial de casos en los que las fuerzas armadas se han visto involucradas en abusos.
- Desviación del propósito civil: La Constitución mexicana establece que las fuerzas de seguridad pública deben ser civiles, y muchos consideran que militarizar la Guardia Nacional contradice esta disposición, socavando los principios democráticos.
- Precedente histórico negativo: En el pasado, la intervención militar en cuestiones de seguridad pública en México ha mostrado resultados mixtos y, en muchos casos, ha generado más violencia, como sucedió durante la «Guerra contra el Narcotráfico.»
- Control militar a largo plazo: A pesar de que el decreto establece la militarización por un periodo limitado (hasta 2028), hay preocupación de que esto pueda perpetuar una tendencia de creciente control militar en asuntos de seguridad interna.
Resoluciones judiciales y desafíos:
Organizaciones civiles han interpuesto recursos legales para impugnar el decreto, argumentando que va en contra de la Constitución. En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA es inconstitucional, lo que generó un nuevo panorama jurídico.
Sin embargo, las implicaciones prácticas y la implementación de esta decisión aún se están debatiendo.
Este proceso refleja una compleja interacción entre el poder ejecutivo, el poder judicial, y los intereses de diversos sectores de la sociedad mexicana.
