La Piedad, Michoacán.– El recurso económico generado por la legalización de vehículos de procedencia extranjera en Michoacán ya no está siendo asignado a los municipios como anteriormente se realizaba, según denunciaron alcaldes de la región, quienes lamentaron el recorte y la falta de explicación clara por parte de las autoridades estatales y federales.
El presidente municipal de La Piedad, Samuel Hidalgo, confirmó que este año su municipio dejará de recibir 7 millones 380 mil pesos que estaban presupuestados para obras de infraestructura vial, como parte del Fondo de Pavimentación Municipal financiado con la regularización de los llamados “autos chocolate”.
“El dinero ya no se está enviando a los municipios, y no hemos recibido mayor explicación, más que un supuesto ajuste presupuestal”, expresó por su parte Jorge Luis Estrada, alcalde de Ecuandureo.
El cálculo de estos recursos se hace con base en el número de vehículos regularizados en cada localidad. Por cada auto legalizado, el gobierno federal recauda 2,500 pesos, que deberían integrarse al fondo destinado a la pavimentación y mejora de calles en los municipios.
De acuerdo con el propio Gobierno federal, los recursos generados por este programa tienen como objetivo principal la inversión en infraestructura vial, buscando mejorar las condiciones de caminos y calles en los municipios michoacanos. Sin embargo, el reciente anuncio ha generado inquietud entre los gobiernos locales, quienes ahora enfrentan un vacío presupuestal para sus proyectos de obra pública.
“Estos fondos son fundamentales para el desarrollo urbano y el bienestar de las comunidades. Dejar de recibirlos representa un fuerte golpe a nuestras finanzas municipales y, por ende, a la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, agregó Samuel Hidalgo.
Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de la Federación respecto a si esta medida será permanente o si se trata de una suspensión temporal del programa.
Los alcaldes de la región señalaron que buscarán entablar diálogo con las autoridades correspondientes para exigir claridad y, en su caso, la restitución de los recursos.
