Maravatío, Mich.– Derivado de los actos de investigación encabezados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), se cumplimentó una orden de aprehensión contra cinco servidores públicos, por su presunta participación en la desaparición forzada de tres personas, ocurrida el pasado 28 de diciembre de 2024 en este municipio.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, las víctimas habían sido puestas en libertad por el Ministerio Público tras determinarse que no existían elementos suficientes para mantener su detención por delitos contra la salud, la cual había iniciado el 26 de diciembre.
Sin embargo, tras notificarse su liberación, los tres hombres fueron retenidos de manera ilegal por elementos activos de la Guardia Civil y Seguridad Pública municipal, identificados como José Alexis “N”, Rodolfo “N”, Linda Trinidad “N”, María Isela “N” y Arturo “N”, quienes los mantuvieron esposados y los trasladaron sin justificación legal a las instalaciones de Seguridad Pública, bajo el argumento de recoger sus pertenencias.
Momentos después, civiles armados descendieron de una camioneta particular en las inmediaciones del lugar y privaron de la libertad a las víctimas, ante la mirada de sus familiares y sin que los elementos en funciones intervinieran para impedirlo. Desde entonces, se desconoce el paradero de los tres hombres.
A raíz de la denuncia interpuesta por los familiares, la Fiscalía Especializada integró una carpeta de investigación que permitió establecer la probable responsabilidad de los cinco servidores públicos, por lo que se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de aprehensión.
Este lunes, en una acción interinstitucional realizada en Maravatío, fueron detenidos los cinco implicados, quienes quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica.
La FGE reiteró su compromiso con el combate a la impunidad, especialmente en casos que vulneran gravemente los derechos humanos y la legalidad institucional.
