En una era donde las redes sociales han democratizado la opinión pública, cada tuit, cada video, cada columna crítica puede convertirse en una sentencia.
En México, el derecho a la libertad de expresión enfrenta hoy un nuevo adversario: el uso discrecional de figuras legales para sancionar a quienes se atreven a señalar errores, excesos o conductas de funcionarios públicos.
Lo que antes era debate, hoy puede considerarse “violencia política de género” o incluso “incitación al odio”.
De la crítica al castigo
Uno de los casos más emblemáticos es el de Karla María Estrella, ciudadana de Hermosillo, Sonora. Fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por presuntamente haber ejercido violencia política de género contra una diputada vinculada a Morena. Su falta: criticar en redes sociales una postulación política.
La sanción fue ejemplar: disculpas públicas diarias durante un mes, una multa económica, un curso de reeducación y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.
“Yo solo hice un comentario como cualquier ciudadana inconforme”, declaró Karla en una entrevista. “No insulté ni difamé, pero me trataron como si fuera una criminal electoral. Ahora tengo miedo de opinar en redes”.
El caso de Laisha Wilkins, actriz y tuitera, también generó polémica. Tras una publicación sarcástica sobre una candidata a ministra de la Suprema Corte, fue notificada por el TEPJF para entregar datos personales y justificar su publicación. “Esto es censura institucional”, denunció.
La prensa, bajo asedio
Los medios tampoco están a salvo. En Campeche, el periodista Jorge González Valdez, director del diario Tribuna, fue vinculado a proceso penal tras publicar investigaciones sobre presuntas irregularidades del gobierno estatal. Fue acusado de incitar al odio, obligado a dejar de ejercer el periodismo, y su medio fue suspendido por dos años. “Muy pocas personas firman ya sus columnas en Campeche por miedo a las represalias”, reconoció.
En Veracruz, el periodista Ángel Camarillo de Al Calor Político enfrentó una sanción luego de una investigación sobre corrupción municipal. Se le acusó de violencia política de género y se le obligó a retirar su reportaje y ofrecer disculpas públicas.
En otros casos, medios como Código Magenta y columnistas como Héctor de Mauleón han enfrentado presión legal por investigaciones que vinculan a funcionarios con grupos criminales o actos de corrupción. Las denuncias por calumnia o “daño moral” se han convertido en herramientas para silenciar investigaciones incómodas.
¿Protección o censura disfrazada?
Aunque muchas de estas sanciones se justifican legalmente en la protección contra violencia de género o defensa del honor, organizaciones como Artículo 19 advierten que se están utilizando como un mecanismo de censura indirecta. En su más reciente informe, revelaron que durante 2024 se registraron al menos 21 casos de censura judicial contra ciudadanos o periodistas, y en lo que va de 2025 ya suman seis más.
“Estamos viendo cómo figuras pensadas para proteger derechos se están pervirtiendo para limitar otros, especialmente la libertad de expresión”, advierte Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
A esto se suma el caso de la llamada “Ley Mordaza” en Puebla, una reforma a la Ley de Ciberseguridad que sanciona con hasta tres años de prisión comentarios ofensivos en redes sociales. Periodistas y activistas la consideran un atentado contra el derecho al disenso, pues abre la puerta a la criminalización de la opinión.
El miedo a opinar
La consecuencia más grave no está solo en las sanciones formales, sino en el efecto inhibitorio. “Hay una autocensura creciente”, señala Sofía Huerta, periodista independiente. “Muchos ya no opinamos o nos expresamos con seudónimos por temor a una denuncia”.
Lo que debería ser un derecho garantizado en una democracia —la crítica a los gobernantes— se convierte cada vez más en una línea delgada entre la libertad y la sanción. En un país con una historia de represión a la prensa, estas nuevas formas de censura, más sutiles pero igual de eficaces, están minando el debate público.
¿Y ahora qué?
Frente a esta realidad, organismos civiles exigen al Estado mexicano garantizar y proteger efectivamente la libertad de expresión, sin que ello implique tolerar la violencia o la discriminación. El reto es encontrar el justo equilibrio entre proteger derechos individuales y permitir la crítica pública.
Mientras tanto, ciudadanos y periodistas caminan sobre un terreno legal resbaladizo, donde opinar ya no es solo ejercer un derecho, sino un riesgo.
