Uruapan, Michoacán.— El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien previamente solicitó apoyo al gobierno federal tras recibir amenazas, confirma el escenario crítico de vulnerabilidad institucional que él mismo había advertido.
Desde su asunción en 2024, Carlos Manzo había recibido amenazas que lo llevaron a exigir refuerzos federales para su municipio.
– El 8 de octubre publicó en redes que haría una solicitud formal a la presidente y al secretario de seguridad federales, buscando “que no dejen solo a Uruapan” en la lucha contra delitos federales.
– En su mensaje, advirtió que “no quiero ser uno más de la lista de los ejecutados” y pidió solidaridad ciudadana en caso de que algo le ocurriera.
Hoy, durante una conmemoración del Día de Muertos en Uruapan, Manzo fue víctima de un ataque armado que le quitó la vida. Su muerte llega en un momento en que él había dejado claro el riesgo que enfrentaba y el poco apoyo recibido.
La secuencia es contundente: un alcalde que alza la voz, solicita apoyo, anuncia riesgos y finalmente es asesinado. Esto abre preguntas clave para el gobierno federal y estatal:
¿Por qué no se brindó el apoyo que se pidió en tiempo y forma?
¿Qué protocolos existen para proteger a funcionarios locales que enfrentan amenazas?
¿Hasta qué punto la falta de respuesta representa un mensaje de impunidad para el crimen en los territorios más vulnerables?
Las autoridades federales y estatales deberán dar a conocer una investigación abierta, transparente y con avances concretos. Los ciudadanos de Uruapan esperan no solo respuestas, sino acciones — y sobre todo, garantía de protección para quienes ejercen cargos públicos en condiciones extremas.
La muerte de Carlos Manzo no solo es la de un funcionario: es un símbolo del abandono que denunció y de los riesgos reales que enfrentan los mandatarios locales en zonas con alta incidencia de violencia.
