La Piedad, Mich.- Al menos una docena de productores agrícolas de Guanajuato fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el bloqueo de carreteras y vías férreas, durante las recientes manifestaciones en las que exigieron precios justos para el maíz y el sorgo.
De acuerdo con reportes de medios nacionales, Ferromex y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) interpusieron denuncias por la obstrucción del paso de trenes en distintos puntos del estado, lo que provocó la suspensión temporal del servicio en tramos de Pénjamo, Silao, Irapuato y León.
Las protestas, que se extendieron durante varios días, incluyeron cierres intermitentes en carreteras federales y accesos a zonas industriales. Los inconformes forman parte del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, organización que ha encabezado movilizaciones en distintas entidades del Bajío.
«Persecución política», dicen
Fuentes cercanas al movimiento confirmaron que al menos 12 campesinos fueron citados por la FGR en calidad de imputados, acusados de obstruir vías de comunicación federal.
Sin embargo, los dirigentes del frente aseguran que se trata de una “persecución política” y han solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación para frenar las acciones legales y abrir una mesa de diálogo con autoridades federales.
El pasado fin de semana, varios de los bloqueos fueron levantados tras negociaciones con funcionarios estatales y representantes de la Secretaría de Agricultura, aunque los productores advirtieron que podrían reanudar las protestas si no hay una respuesta concreta sobre el precio de garantía de los granos.
Por su parte, la Concamin y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles estimaron que las interrupciones ocasionaron pérdidas por el retraso de trenes y afectaciones a la cadena logística de exportación. Ambas organizaciones respaldaron las denuncias presentadas y exigieron que se garantice el libre tránsito.
Las autoridades federales no han informado oficialmente si existen órdenes de aprehensión o medidas cautelares contra los manifestantes, aunque la FGR confirmó la apertura de una carpeta de investigación por la presunta obstrucción de vías generales de comunicación.
Mientras tanto, los campesinos mantienen su exigencia de que el Gobierno federal establezca un precio de garantía justo para el maíz y el sorgo, asegurando que las denuncias no los intimidarán y que continuarán organizándose para defender su sustento.
