Uruapan, Michoacán.— La mañana de este lunes se registró un suceso inesperado en Uruapan: los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abandonaron la ciudad, dejando sin presencia visible a las fuerzas federales que habían sido desplegadas hace poco más de un mes como parte de los esfuerzos para combatir la violencia en la región.
Desde primeras horas se observó la salida de patrullas oficiales rumbo a carreteras fuera del municipio, sin que hasta el momento exista un comunicado oficial de la SSPC explicando las causas de esta retirada.
La llegada de estos elementos federales a Uruapan se había concretado el 8 de noviembre, apenas una semana después del asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, con el objetivo declarado de debilitar a las estructuras de la delincuencia organizada que operan en la zona.
Sin embargo, en los días recientes la alcaldesa Grecia Quiroz ha denunciado presuntos abusos de autoridad y actos de extorsión por parte de agentes desplegados en el marco del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lanzado por la Federación para reforzar la seguridad en municipios con altos índices de violencia.
A través de posicionamientos públicos, la presidenta municipal ha señalado que ciudadanos le han reportado detenciones arbitrarias, revisiones irregulares y cobros indebidos por parte de algunos elementos, e hizo un llamado directo al secretario de seguridad, Omar García Harfuch, a retirar a los uniformados si su presencia no estaba cumpliendo con el fin de proteger a la población.
La polémica surge en un contexto ya tenso para Uruapan, donde las autoridades locales enfrentan un clima de inseguridad persistente tras el homicidio de Manzo — hecho que encendió críticas sobre la eficacia de las estrategias de seguridad y la relación con grupos del crimen organizado. La alcaldesa Quiroz, viuda del extinto edil, ha sido una figura visible criticando prácticas que considera contrarias a la protección ciudadana y defendiendo una política de “cero tolerancia” ante abusos.
Hasta ahora, las autoridades federales no han emitido una postura oficial sobre la retirada de las fuerzas de la SSPC ni sobre las acusaciones de la alcaldesa. En tanto, la sociedad uruapense espera explicaciones mientras el municipio enfrenta incertidumbre sobre cómo se reorganizarán las tareas de seguridad en los próximos días.
