Ciudad de México.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, existen irregularidades por más de 65 mil millones de pesos cuyo destino aún no ha sido aclarado ni comprobado, según el tercer informe entregado ante la Cámara de Diputados.
En la revisión más reciente, la ASF —órgano fiscalizador del gasto público— identificó un “boquete” creciente en las finanzas públicas, derivado de montos por aclarar en auditorías aplicadas a distintas dependencias y entidades ejecutoras de recursos durante 2024. En esta última entrega se incluyeron más de 1 500 auditorías, con hallazgos que reflejan un elevado nivel de recursos sin justificar.
De acuerdo con el informe:
La mayor parte de los recursos pendientes de aclarar se concentra en el gasto federalizado, es decir, fondos transferidos a estados y municipios, donde se identificaron irregularidades por más de 54 mil millones de pesos.
Ayuntamientos y alcaldías representan aproximadamente el 59 % del total sin comprobar.
Los gobiernos estatales concentran otro 36 % de observaciones, especialmente en rubros como salud y aportaciones federales.
El resto corresponde a recursos federales, incluyendo entes autónomos, el Poder Judicial y empresas productivas del Estado como Pemex y CFE.
Durante la presentación del informe, el auditor superior David Colmenares Páramo fue criticado por mostrarse hermético ante preguntas de la prensa, y por enfatizar aspectos administrativos en lugar de explicar con claridad el paradero de los fondos observados.
El resultado del informe fiscalizador ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos durante un año electoral, en el que la fiscalización debió ser especialmente rigurosa. A pesar de que la ASF dijo haber recuperado aproximadamente 2 mil millones de pesos, la cifra pendiente de aclarar sigue siendo elevada y representa un reto para el sistema de rendición de cuentas en México.
Otros medios que han cubierto el mismo tema señalan que esta cifra forma parte de una tendencia más amplia de irregularidades detectadas a lo largo del sexenio anterior, con montos pendientes de aclarar que suman cientos de miles de millones de pesos desde 2019.
