TANHUATO, MICH.– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado de Michoacán iniciaron investigaciones en contra de la síndico municipal María Consuelo Villanueva Magdaleno y la regidora Bianca Carolina Carretero González, señaladas por presuntas amenazas, violencia verbal y otras conductas en agravio de la directora del Instituto de la Mujer, Estela Arias Velgar.
De acuerdo con el acta circunstanciada elaborada dentro de la queja CEDH/2640/2026-C, los hechos habrían iniciado tras la emisión de un oficio por parte de Arias Velgar, mediante el cual solicitó una plática institucional con el objetivo de mejorar el ambiente laboral dentro del gobierno municipal. El documento estaba dirigido a la Subsecretaría del Instituto de la Mujer (Seimujer) en la ciudad de Morelia.
Según el testimonio asentado en la queja, el 10 de febrero la funcionaria detectó la desaparición del documento que tenía bajo su resguardo en su escritorio. Posteriormente, señala que la síndico María Consuelo Villanueva ingresó a su oficina, mostrándole el oficio y reclamándole airadamente por su envío, presuntamente profiriendo insultos y advirtiéndole que “se atuviera a las consecuencias”, además de señalar que haría lo posible por retirarla del cargo.
Asimismo, se detalla que el 16 de febrero, al salir del baño ubicado dentro de la oficina, Arias Velgar se encontró con la regidora Bianca Carolina Carretero González, acompañada de su hermana, quien presuntamente la grababa con un teléfono celular. Al cuestionar la situación, la directora asegura que ambas comenzaron a insultarla y amenazarla, e incluso refiere que la acompañante intentó agredirla físicamente mientras la regidora lanzaba advertencias relacionadas con el oficio enviado a Morelia.
La afectada informó que los días 16 y 17 de febrero notificó lo ocurrido al presidente municipal, Daniel Herrera Martín del Campo, además de presentar una queja ante la Contraloría Municipal. No obstante, afirma que la respuesta ha sido una serie de presiones para que presente su renuncia.
De acuerdo con su declaración, la situación ha derivado en afectaciones a su salud física y emocional.
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación DC01/03/00337/2026, y el agente del Ministerio Público solicitó al director de Seguridad Pública Municipal medidas de protección policial para la denunciante.
Las investigaciones continúan tanto en el ámbito de derechos humanos como en la vía penal, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
