Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2026. La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció un paquete de medidas para reordenar dos servicios que, según reconoció la propia institución, han generado inconformidad social por años: el arrastre y depósito vehicular (grúas/corralones) y los procedimientos relacionados con la entrega de cuerpos.
En rueda de prensa, el fiscal Carlos Torres Piña afirmó que con las nuevas disposiciones se busca eliminar discrecionalidad, cerrar espacios a prácticas indebidas y establecer controles verificables mediante reglas obligatorias, supervisión institucional y el uso de tecnología, con un enfoque de legalidad, transparencia y trato digno.
Grúas y depósito: reglas obligatorias y tarifas tabuladas
En materia de arrastre y resguardo vehicular, la FGE informó que ya emitió lineamientos técnicos obligatorios que regulan de manera integral el traslado, depósito y custodia de vehículos asegurados.
De acuerdo con lo expuesto por Torres Piña, se habían detectado cobros desproporcionados, con casos que llegaron a ubicarse entre 50 mil y 100 mil pesos, por lo que el objetivo del nuevo esquema es ajustar el servicio a tarifas autorizadas y tabuladas (referenciadas en UMAs) y reducir los márgenes que permitían costos excesivos. En coberturas del anuncio se reporta que, dependiendo del kilometraje y características del servicio, los cobros quedarían en rangos aproximados de 5 mil a 10 mil pesos, y en otros reportes se menciona un techo de hasta 15 mil pesos según distancia y condiciones del traslado.
La Fiscalía agregó que el modelo incluye un proceso de convocatoria pública para empresas prestadoras del servicio y mecanismos de supervisión permanente, con el propósito de asegurar condiciones más equitativas para la ciudadanía.
Plataforma digital: trazabilidad total y cadena de custodia electrónica
Como parte del nuevo esquema, la FGE indicó que se implementó una plataforma digital para el control del servicio, con herramientas para dar trazabilidad total al proceso:
- Registro fotográfico del arrastre y resguardo.
- Control de ingresos y egresos en depósitos.
- Cadena de custodia electrónica, orientada a fortalecer la certeza jurídica y la transparencia operativa.
Qué significa para los automovilistas
- Costos más previsibles: al existir tarifas tabuladas y topes, el cobro debería depender de criterios claros (distancia/servicio) y no de discrecionalidad.
- Más herramientas para reclamar: solicita desglose (arrastre, maniobras, días de depósito) y exige que el monto corresponda al tabulador autorizado.
- Evidencia y trazabilidad: con registro fotográfico y cadena de custodia electrónica, debería ser más fácil verificar dónde, cuándo y por qué se trasladó el vehículo.
- Menos “condicionamientos”: al blindarse el servicio, se reduce el margen para prácticas como “obligarte” a usar cierta grúa o depósito.
- Alcance de las medidas: el anuncio se centra en servicios vinculados a actuaciones de la FGE; en arrastres por otras autoridades puede haber rutas administrativas distintas, aunque la presión pública suele empujar a homologar controles.
