LA PIEDAD, MICH. – La liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo, incluidos mandos directivos acusados de colaborar con el crimen organizado, ha abierto una grieta de contradicciones en el discurso oficial del Gobierno de Michoacán.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la decisión judicial como un «acto de posible corrupción», lamentando que los elementos —detenidos en febrero tras intentar frenar operativos federales contra un grupo delictivo— enfrenten ahora su proceso en libertad. Sin embargo, la indignación del mandatario choca con un antecedente político reciente: la Reforma al Poder Judicial.
Bedolla hizo un llamado directo a las autoridades judiciales para que intervengan en el caso y revisen la actuación del juzgador.
“Espero que pronto el Supremo Tribunal tome cartas en el asunto, que se investigue este juez, porque Michoacán ya no tolera más corrupción, ni más impunidad”, externó durante una entrevista con La Voz de Michoacán.
El laberinto de la corrupción
Durante meses, el partido en el poder promovió la elección y renovación de jueces bajo el argumento de «limpiar» un sistema judicial que tildaban de corrupto y servil a intereses privados.
Hoy, ante un fallo que no favorece la narrativa de seguridad del estado, el Ejecutivo vuelve a señalar las mismas prácticas en los juzgadores que, teóricamente, ya operan bajo el nuevo esquema de «justicia del pueblo».
«Es increíble que con las pruebas de inteligencia, mensajes y la flagrancia en los bloqueos, se les permita salir por la puerta principal», señaló una fuente cercana al gabinete de seguridad.
Los hechos
Los agentes fueron capturados el pasado 24 de febrero en posesión de droga y equipos de comunicación vinculados a la delincuencia organizada. Según la fiscalía, los policías operaban encapuchados para proteger la huida de líderes criminales.
Pese a ello, un Juez de Control determinó que no representaban un riesgo de fuga suficiente para mantener la prisión preventiva.
