El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios estatales, a quienes señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de participar en operaciones de narcotráfico.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los implicados habrían conspirado con líderes de dicha organización criminal para facilitar el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense, presuntamente a cambio de sobornos y apoyo político.
La acusación fue presentada en una corte del Distrito Sur de Nueva York e incluye delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, así como conspiración y uso de armas.
Además del mandatario estatal, la lista de señalados incluye a al menos nueve funcionarios actuales y antiguos de alto nivel, entre ellos mandos policiales, exsecretarios y autoridades municipales, lo que evidencia —según autoridades estadounidenses— una presunta red de colaboración institucional con el crimen organizado.
Las investigaciones, encabezadas por agencias como la DEA, apuntan a que esta relación no habría sido aislada, sino parte de un esquema continuo para permitir la operación del cártel en Sinaloa con presunta protección gubernamental.
Este caso se da en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, donde Washington ha endurecido su postura frente a posibles vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial detallada sobre estas acusaciones, mientras el proceso judicial en Estados Unidos continúa en desarrollo.
