Comunidades indígenas agrupadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunciaron actos de represión por parte de fuerzas policiales estatales durante manifestaciones realizadas en exigencia de seguridad, justicia y paz para los pueblos originarios de la entidad.
A través de un pronunciamiento difundido este 26 de mayo, el CSIM señaló que el pasado 25 de mayo integrantes de la comunidad indígena de Santa María Sevina y representantes de 32 comunidades se manifestaron en la Casa de Gobierno de Michoacán para exigir atención a la violencia que enfrentan las comunidades originarias, cuando presuntamente fueron reprimidos por granaderos y elementos policiacos.
La organización recordó que días antes, el 11 de mayo, integrantes del consejo que respaldaban movilizaciones de la comunidad de Acachuén también habrían sido desalojados por fuerzas de seguridad en la caseta de cobro de Zirahuén.
El CSIM aseguró que en los últimos dos años al menos 28 comunidades indígenas de Michoacán han sufrido ataques armados presuntamente vinculados al crimen organizado. Además, denunciaron que en cuatro años han sido asesinados 20 integrantes de las Rondas Comunales o cuerpos de seguridad tradicional.
Entre los hechos más recientes, la organización destacó el ataque armado contra la comunidad de Santa María Sevina, donde dos integrantes de la ronda comunal fueron asesinados y otro más resultó gravemente herido. También recordaron que dicha comunidad ya había sufrido una incursión armada en marzo de 2025.
En el comunicado, las comunidades acusaron al Estado mexicano de incumplir acuerdos y mesas de trabajo establecidas con autoridades federales y estatales para atender la crisis de inseguridad en las regiones indígenas.
“Las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental”, expresaron en el documento, donde además señalaron que los ataques forman parte de una estrategia de control territorial y saqueo de recursos naturales.
Ante este panorama, el CSIM exigió el incremento del fondo de seguridad para comunidades indígenas, rechazó la reducción del programa FORTAPAZ —que aseguran fue recortado en un 20 por ciento— y solicitó seguro de vida para integrantes de las Rondas Comunales y Consejeros de Honor y Justicia.
Asimismo, pidieron la entrega inmediata de ambulancias y una estrategia de seguridad para más de 450 comunidades que, según denunciaron, se encuentran en estado de indefensión al no contar con autogobierno.
Finalmente, el consejo cuestionó la efectividad de los “Planes de Justicia” implementados en Michoacán, al considerar que la violencia y la inseguridad continúan afectando gravemente a los pueblos originarios del estado.
