A partir de este sábado 1 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos implementará un arancel del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, como parte de una estrategia comercial impulsada por el presidente Donald Trump. La medida, según la Casa Blanca, responde a la falta de acciones contundentes para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
El nuevo arancel afectará una amplia gama de productos, incluyendo electrónicos, automóviles, petróleo crudo, aguacates y otros productos agrícolas. Expertos advierten que la medida podría generar un aumento en los precios para los consumidores en EE.UU., además de provocar represalias comerciales por parte de México y Canadá.
Ante este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gobierno cuenta con diversas estrategias para hacer frente a los aranceles y priorizará el diálogo con la administración estadounidense. «Tenemos un plan A, un plan B y un plan C. Vamos a esperar», afirmó Sheinbaum.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que los aranceles podrían costar a los consumidores estadounidenses más de 10,000 millones de dólares debido al incremento en precios y la posible escasez de productos. Se estima que los estados de California, Arizona, Florida y Texas serán los más afectados.
México, que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, enfrenta un desafío significativo con esta medida. Analistas han expresado su preocupación por las repercusiones en sectores clave como el automotriz y el agrícola, así como por el impacto en las cadenas de suministro y la inflación.
A pesar de la incertidumbre, algunos especialistas consideran que esta medida podría formar parte de una estrategia de negociación del gobierno de Trump para obtener concesiones de México y Canadá. Mientras tanto, el sector empresarial y los gobiernos involucrados analizan los próximos pasos para mitigar las consecuencias económicas.
