Ciudad de México.- El escandalo de corrupción más grande de la historia de México sigue dando de qué hablar. Un nuevo episodio de esta historia está teniendo como protagonistas a Juan Collado Mocelo, abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, y Alberto Manuel Alcántara, ex alto mando de la ahora Fiscalía General de la República (FGR).
Ambos personajes fueron imputados con los cargos de tráfico de influencias y defraudación fiscal equiparada, según han revelado en las ultimas horas diversos medios de comunicación nacional que citan como fuente a funcionarios del poder judicial federal.
Sobre Collado Mocelo ya pesaba una acusación de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, motivo por el cual se encuentra preso desde hace un año, aunque de manera preventiva, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Y este domingo, a las 10:00 horas inició la audiencia privada en la que la Fiscalía General de la República (FGR) imputará la acusación por defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos, en contra del abogado Juan Collado.
La audiencia se realiza de manera privada en la sede del Centro de Justicia Federal, con sede en el Reclusorio Norte, luego había sido aplazada ante la petición de la defensa del acusado, encabezada por Xavier López, que argumentó no conocer el contenido de la carpeta de investigación.
Al Juan Collado, ex abogado de Raúl Salinas de Gortari y Carlos Romero Deschamps, se le relaciona con la presunta venta ilegal de un terreno, en el estado de Querétaro, por 24 millones de pesos, además de que sobre su persona pesan acusaciones por presunto lavado de dinero y gestiones indebidas del descongelamiento de 76.5 millones de euros de una cuenta suya en el microestado de Andorra, en la Unión Europea.
Cabe recordar que derivado de este caso, la FGR había solicitado al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte que se declarara penalmente responsable a Collado, pues puso “en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”, al no reportar las ganancias derivadas de la participación en la empresa Libertad Servicios Financieros, también llamada Caja Libertad.
En este sentido, la Fiscalía ha considerado que el abogado “se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la pena mínima”, a causa de la afectación a los bienes, las circunstancias personales en las que se encontraba, ya que era considerado “un abogado de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder”.
De acuerdo con la acusación escrita, la FGR aseguró que por medio de Libertad Servicios Financieros se llevaron a cabo transferencias a España y Andorra, así como otras partes de Europa sin que se comprobara la procedencia de los recursos, además de que se simulara la compra de otras compañías.
Asimismo, había una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la cual se acusó a Collado y a más personas de haber conformado un “grupo delictivo” que bajo un reparto de funciones esenciales logró vender una propiedad que fingieron adquirir, pero que en realidad no les pertenecía.
Cabe mencionar que en la denuncia inicial del caso también se señaló que los ex presidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari tenían presuntos nexos con Libertad Servicios Financieros, pero este hecho no formó parte de la acusación inicial presentada ante el juez, aunque sí quedaron líneas de investigación abiertas.
