Morelia, Mich.- El ex gobernador Silvano Aureoles Conejo habría pagado 19.5 millones de dólares a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont para montar una red de espionaje en todo el estado de Michoacán.
Lo anterior fue confirmado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien dijo desconocer el propósito de las acciones de monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado, para lo que se utilizaron 12 computadoras.
El contrato fue firmado en 2017 por el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, con la empresa Integra Software, representada por Raúl García Palacios. Aclaró que no se encontró en la casa de gobierno ni en instalaciones del gobierno dispositivos de espionaje.
Esta información salió a relucir tras un artículo publicado por el periodista Salvador García Soto, quien escribió en el periódico El Universal que se pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021 y la empresa de Álvarez Puga recibió 2.5 millones de dólares mensuales, con un primer pago de 7 millones de dólares.
El periodista dijo tener copia del contrato, que se hizo por adjudicación directa, con el número CAPDE-1SGAB-00117.
“De acuerdo con fuentes que conocieron de la instalación y operación de ese ‘sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP’, se trataba en realidad de un centro desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país, y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas“, señaló García Soto.
Tras la publicación del mencionado artículo, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó, mediante una conferencia de prensa que durante la administración anterior se perpetraba también un modelo de fraude mediante el arrendamiento.
En ese sentido, mencionó que la administración pasada rentaba patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.
Aunque no dijo quienes eran los personajes o instituciones que contrataban estos recursos propiedad del estado, mencionó que el costo de las rentas era hasta seis veces más caro que los servicios arrendados, por lo que su gobierno inició una investigación al respecto, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.
Al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y a la conductora Inés Gómez Mont, las autoridades federales les atribuyen haber obtenido contratos públicos para desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada.
Sobre ambos pesa una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
