Ciudad de México.- Representantes de la Asociación Nacional de Alcaldes afiliados al PAN (ANAC) presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Y es que, recientemente la mencionada ordenanza fue modificada por el Senado de la República tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Presidentes municipales de diferentes estados de la república, entre ellos el piedadense Samuel Hidalgo, coinciden en que esta reforma representa un retroceso grave en materia de transparencia.
La reforma a la Ley no solo vulnera el acceso ciudadano a la información, sino que centraliza su control en manos del oficialismo, al depender ahora del organismo «Transparencia para el Pueblo”, adscrito a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.
Por su parte, Lorena Alfaro, alcaldesa de Irapuato afirmó que la nueva legislación vulnera la autonomía constitucional de los municipios. Roberto Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, añadió que la ley impone obligaciones y sanciones desproporcionadas que ignoran las capacidades reales de los municipios.
“Utilizaron el discurso tramposo de la austeridad para pisotear derechos y someter a los municipios. Esta ley no garantiza el derecho de los ciudadanos a saber; solo le da más poder al poder”, expresó Mauricio Tabe frente al edificio de la SCJN, destacando que el reclamo es apartidista y busca proteger a los gobiernos locales como representantes más cercanos a la población.
Los alcaldes denunciaron que las reformas aprobadas en marzo de 2025 permiten al gobierno federal negar información sobre proyectos prioritarios, seguridad nacional, telecomunicaciones o cualquier asunto clasificado como estratégico, debilitando los contrapesos institucionales y eliminando la fiscalización ciudadana.
Entre los municipios representados estuvieron Chihuahua (Chih.), Morelia (Mich.), San Juan de los Lagos (Jal.), El Marqués (Qro.), Apaseo el Grande (Gto.), Zacatecas (Zac.) y la alcaldía Benito Juárez (CDMX), entre otros.
Con esta controversia, los alcaldes buscan que la Suprema Corte restablezca los principios de transparencia y rendición de cuentas, y se respete la autonomía de los municipios frente a una legislación que consideran regresiva y centralista.
