A las afueras de un almacén de Home Depot en el distrito de moda en Los Ángeles, el aire olía a gas lacrimógeno y a indignación. Eran apenas las nueve de la mañana del jueves 6 de junio, cuando decenas de agentes federales, armados y vestidos de civil, comenzaron a detener a trabajadores, en su mayoría latinos. La escena se repitió en otros puntos del condado: operativos coordinados, sin previo aviso, bajo la consigna de “restablecer el orden migratorio”.
Pero lo que vino después fue inesperado: las calles, habitualmente llenas de tránsito y rutina, se convirtieron en el escenario de una revuelta ciudadana. Con pancartas, banderas y gritos de “¡Ningún ser humano es ilegal!”, comenzaron las protestas. En cuestión de horas, más de 200 personas se congregaron frente al centro de detención de ICE en el centro de la ciudad.
“Salimos porque nuestros padres han vivido en las sombras toda su vida”, dijo Mariana Torres, una joven universitaria de origen mexicano que, megáfono en mano, encabezaba uno de los grupos que marchaban por la calle Alameda. “Estas redadas no solo nos arrebatan familiares, nos arrebatan dignidad”.
La respuesta federal: más fuerza, más tensión
El gobierno federal respondió con contundencia. La protesta fue declarada “asamblea ilegal” y, con ello, llegaron los gases lacrimógenos, las balas de goma y las detenciones. El viernes por la mañana, el presidente Donald Trump autorizó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, ignorando la negativa del gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó la medida como una violación a la soberanía estatal.
“No necesitamos soldados en nuestras calles, necesitamos justicia”, declaró Newsom en conferencia de prensa.
La presencia militar lejos de calmar los ánimos, avivó la rabia. El viernes por la noche, las protestas se extendieron a los municipios de Paramount y Compton. Hubo saqueos aislados, quema de objetos en la vía pública y enfrentamientos con la Guardia Nacional. A pesar de los llamados a la calma, los manifestantes aseguran que no se irán hasta que se detengan las redadas.
Historias desde el frente
En la esquina de la calle 6 y Broadway, una madre de familia llora desconsolada. Se llama Carmen y llegó de Michoacán hace 18 años. Su esposo fue detenido en la redada del jueves y no ha vuelto a saber de él. “No tengo papeles, no tengo abogado, no tengo voz. Pero ellos –señala a los jóvenes que gritan en protesta– sí la tienen y la están usando”.
A unos metros, un grupo de estudiantes forma un círculo y entona cánticos en español e inglés. Algunos de ellos fueron parte del movimiento “Dreamers” y ahora, como adultos jóvenes, temen por sus padres y hermanos. “Nos tocó crecer en un país que nos enseñó a temer. Hoy estamos cansados”, dice Rodrigo Hernández, de 23 años.
El eco nacional
Las protestas no son un fenómeno exclusivo de California. En Nueva York, casi 150 personas intentaron impedir la detención de migrantes cerca del tribunal federal, resultando en más de 20 arrestos. En Minneapolis, un operativo policial desencadenó una manifestación espontánea en un barrio de mayoría latina.
Organizaciones como ACLU y United We Dream han denunciado la criminalización de comunidades enteras, mientras que líderes demócratas en Washington acusan al gobierno federal de “gobernar a través del miedo”.
Lo que está en juego
Más allá del número de arrestos o de operativos, lo que se está debatiendo en las calles de Estados Unidos es un modelo de país: uno que elige entre la exclusión y la empatía, entre la fuerza y la justicia.
Las redadas de ICE, vistas desde la óptica del poder, son una herramienta de control migratorio. Pero para quienes están en las calles, son una agresión directa a su historia, a su familia, a su derecho a existir.
Por eso, aunque el humo del gas se disipe y las tropas se replieguen, las voces de esta protesta —jóvenes, madres, trabajadores— seguirán resonando.
“Estamos aquí”, grita Mariana, la universitaria del megáfono, “y no nos vamos”.
Con información de The Guardian, El País y The Times.
Fotografías: archivo ciudadano y redes sociales.
