Morelia, Mich.- En México sí hay una crisis humanitaria por la desaparición forzada de personas y eso no lo dice la oposición, sino organismos internacionales, precisó la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez.
Durante la votación del dictamen de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la legisladora del PAN razonó su voto a favor y aunque celebró que se establezcan disposiciones específicas para la atención a niñas, niños y adolescentes, pidió al pleno poner atención a las observaciones que se han hecho para perfeccionar esta normativa.
La diputada lamentó que un día antes diputadas del oficialismo hayan negado la existencia de una crisis humanitaria en México y enfatizó que “una crisis humanitaria no depende de la disposición de un gobierno para reconocerla”, sino de la capacidad de las instituciones para resolver.
Recordó que esta expresión no se originó en el discurso de la oposición, sino en el informe “Desapariciones en México”, que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este año, donde documentó un total de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas y 70 mil cuerpos sin identificar.
El propio dictamen que se estaba votando, acotó Vanessa Caratachea, se refería a una “crisis forense” que aunque no es lo mismo, es una dimensión del problema, pues se trata de la imposibilidad de identificar oportunamente miles de cuerpos.
“En abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, continuó.
También recordó a los legisladores que esta ley estuvo detenida durante dos legislaturas y que si ahora se aprobó, fue tras una resolución judicial por un amparo interpuesto por las propias familias buscadoras.
La diputada panista señaló que la crítica es parte de la democracia, por lo que recomendó a las legisladoras que se dicen cansadas de los cuestionamientos reconsiderar su vocación:
“Si alguien está tan cansado de las críticas legítimas que ya no está dispuesto a asumir las exigencias del escrutinio público, tiene la libertad de dejar su lugar a quien sí esté dispuesto a ejercer esa responsabilidad, ya que ocupar una curul es una decisión, rendir cuentas es una obligación”.
Vanhe Caratachea se dirigió a las madres buscadoras, presentes en el recinto, y les dijo que no les pediría paciencia, comprensión ni mucho menos una lucha silenciosa sino por el contrario, “que sus voces sigan resonando” en las fiscalías, oficinas gubernamentales y recintos legislativos.
“Ninguna madre debería necesitar una pala para hacer el trabajo que corresponde a las instituciones. Ninguna familia debería convertirse en investigadora para ejercer su derecho a saber y ninguna persona debería suplicar que el Estado busque a quien tiene la obligación de encontrar”, concluyó.
