El estado de Jalisco se ha convertido en epicentro de una crisis humanitaria que ha conmocionado a México y al mundo. En los últimos días, el hallazgo de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán y de una fosa clandestina en Tlajomulco de Zúñiga ha puesto en evidencia la operación de grupos del crimen organizado y la ineficacia de las autoridades para frenar la violencia.
Teuchitlán: un campo de exterminio al descubierto
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió un predio en Teuchitlán donde se hallaron hornos crematorios, restos humanos calcinados y cientos de zapatillas abandonadas.
Según testimonios de familiares de desaparecidos, este sitio habría sido utilizado por un grupo delictivo como un centro de tortura y exterminio.
Aunque la Fiscalía General de Jalisco ya había investigado el lugar anteriormente sin encontrar evidencias concluyentes, el reciente descubrimiento sugiere que las pesquisas iniciales fueron deficientes.
Las reacciones no se hicieron esperar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el hallazgo como «terrible» y aseguró que su gobierno dará seguimiento al caso. En tanto, la Fiscalía General de la República anunció una investigación sobre las posibles omisiones de la Fiscalía estatal.
Tlajomulco de Zúñiga: una fosa en el jardín de una vivienda
Mientras las investigaciones en Teuchitlán continúan, en Tlajomulco de Zúñiga se descubrió una fosa clandestina dentro de una casa particular. En el sitio, las autoridades encontraron al menos siete bolsas con restos humanos, pero se estima que podría haber hasta 40 cuerpos.
La vivienda, según declaraciones de sus habitantes, había sido ocupada recientemente y no tenían conocimiento de lo que se escondía bajo su suelo.
El contexto de violencia en Jalisco
Estos hallazgos reflejan una crisis que no es nueva. Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas en México, con más de 15,000 casos reportados según la Comisión Nacional de Búsqueda.
Se estima que entre 2018 y 2023 se encontraron 2,710 fosas clandestinas en el país, lo que evidencia la magnitud del problema.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de voluntad política para atender la crisis, mientras que las familias de los desaparecidos continúan con la búsqueda de sus seres queridos por cuenta propia. «No podemos confiar en las autoridades. Si no buscamos nosotros, nadie lo hará», afirma una madre integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco.
El reto de la justicia
Ante la presión social y mediática, la Fiscalía General de la República ha prometido investigar las fallas en el manejo de estos casos por parte de las autoridades de Jalisco. Sin embargo, las familias de los desaparecidos continúan exigiendo justicia y acciones concretas que garanticen la verdad y la reparación del daño.
El horror de las fosas clandestinas y los campos de exterminio en Jalisco es un recordatorio de la violencia impune que azota al país.
Mientras el gobierno promete respuestas, las familias siguen cavando en la tierra con la esperanza de encontrar a los suyos, con la incertidumbre de si la justicia, algún día, llegará.
