Por: Mayra Teresa Gaxiola Soto
Los lopezobradoristas, morenistas y seguidores de la 4t podrán estar o no de acuerdo, seguramente responderán de inmediato, pero ésta es mi opinión respecto a la tan anunciada Consulta Popular que se realizará este 1 de agosto para saber si lo ciudadanos queremos llevar a juicio a los expresidentes de la República.
No conozco ninguna persona que no tenga ese sentir, esa percepción, de que, en cada sexenio, sea emanado del partido que sea quien esté en el poder, se cometieron abusos de diversa índole, que hubo corrupción, crímenes sin castigo y que se enriquecieron a nuestras costillas, etcétera, etcétera y más etcéteras.
Partiendo de lo anterior, los más de 37 millones de ciudadanos que se espera participen en ese plebiscito (aunque no se llame así), se volcarán en un rotundo SÍ. De eso no me cabe la menor duda, pero y después qué.
Para realizar esta consulta gastarán más de 500 millones de pesos, 528, para ser exactos, (dinero público, de dónde más). Con la intervención del Instituto Nacional Electoral, el uso del listado nominal, etcétera, debemos entender que se hará de la forma más correcta posible. Y este ejercicio democrático se antoja interesante; es la primera vez que se realiza en la historia de México.
No obstante, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué pasará a continuación?
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que él votará en contra porque ‘hay que mirar hacia adelante´, es quien está promoviendo esta consulta ‘para que el pueblo decida’.
Luego entonces, cuando la mayoría ciudadana decida, el presidente se vería obligado a presentar denuncias y las pruebas correspondientes o tendría que encontrar otra vía para omitirse, porque las víctimas de los expresidentes somos en todo caso, el país entero
O, por otro lado, la Fiscalía General de la Republica tendría que actuar por oficio, conociendo hechos posiblemente constitutivos de delitos.
Mire. Si analizamos, para que haya juicio, tienen que presentarse las causales de éste, lo que implica abrir e integrar un expediente o carpeta de investigación.
Estos expedientes requieren elementos de prueba de los cuales la mayoría de los ciudadanos carece, pero las autoridades presumiblemente deben tener.
Cada uno de los delitos de los exgobernantes -una vez definidos- habrá que ver si no han prescrito. No soy abogada. Sólo por sentido común estoy comentando como entiendo debería ser el procedimiento.
A mí me queda claro que sea cual sea el resultado de la cacareada consulta, de ninguna forma las instancias de procuración de justicia van a procesar, enjuiciar o encarcelar en automático a los expresidentes.
Así que por más que Usted o yo tengamos ese sentir, esa percepción de que los expresidentes deben ser enjuiciados, quienes crean que con un SÍ rotundo en las urnas podrán meter a la cárcel a los exmandatarios, dejando de lado todo el proceso judicial, están muy equivocados. ¿O quién de nosotros puede ir más allá? Hasta aquí terminará este jueguito que ha sido bueno para entretenernos un rato.
¿Y Albavera?… bien gracias
Todo parece indicar que los políticos y polítiqueros no están tomando en serio al profesor José Albavera, quien desde hace muchos, muchísimos años ha sido un luchador social, primero desde el PRD y ahora representando a Morena, pero en las últimas contiendas electorales ha caído en el desprestigio por aferrarse a como dé lugar a colocar a miembros de su familia en cargos públicos, pasando por encima de quien tenga que hacerlo.
Todo esto que está ocurriendo, sólo nos refuerza la convicción de que la política no es el arte de la zancadilla y quienes la practican de manera oportunista, solo se ganan el desprestigio y la falta de respeto.
No obstante, aún cuando hasta después del último de septiembre podrán repartirse las rebanadas del pastel en Michoacán, (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene esa fecha límite para declarar si fue válida o se repite la elección del gobernador), los allegados de la maestra Melba Albavera siguen difundiendo la versión, no sólo que tendrá cargo, sino que ocuparía la coordinación regional del Gobierno del Estado, en sustitución de Juan Luis Contreras Calderón.
En base a la versión anterior, aunque no sea nada oficial, ya hay varios que se le ‘están cuadrando’ a la maestra, algunos porque sus cargos actuales dependerían de ella y otros precisamente porque buscan ocupar alguno de esos puestos. Entre ellos, el de Enrique Pérez Castellanos, en la dirección del Hospital Regional; de Román Solorio, en la oficialía del Registro Civil o el de Luís Manuel Arias, en la Administración de Rentas, entre otros.
De éstos, el único que podría salvarse es Román Solorio, porque aún cuando su partido el PRD se alió con el PAN en esta contienda, él se mantuvo al margen además de que se sabe, tiene una amistad de años con la maestra Melba, independientemente de organismos políticos.
