La Piedad, Mich.- Un nuevo escándalo de lo que parece ser un asunto de corrupción ha salido a la luz pública. Se trata de un pago por más de 64 millones de pesos que el Gobierno de Silvano Aureoles realizó a la Secretaría de la Defensa Nacional por la adquisición de armamento y equipo que, presuntamente, estaba destinado para las policías locales.
El problema es que nadie sabe qué sucedió con las más de mil 700 armas y municiones que se adquirieron, pues no existe reporte o documento alguno que demuestre que fueron entregadas al Gobierno de Michoacán, ni durante el periodo de Silvano Aureoles y mucho menos ahora que la administración la encabeza Alfredo Ramírez Bedolla.
Lo anterior fue revelado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que tiene evidencias que refieren que los recursos salieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), bolsa federal para atender la seguridad de las entidades federativas.
Con ese dinero, se supone que el gobierno de Michoacán debió comprar 854 armas cortas, 897 armas largas, mil 559 cartuchos y mil 956 cargadores, según consta en la auditoría número 1131 a la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2021.
Aunque los 64.7 millones se pagaron a la Sedena por ser el proveedor exclusivo en el país, las armas y municiones no fueron entregadas al gobierno ni tampoco distribuidas a los policías, se desprende de un análisis hecho por Latinus a la fiscalización de la instancia federal.
Tanto las armas como las municiones debieron ser entregadas en 2021, pero hasta abril de este año no había registro de la entrega del armamento, de acuerdo con el máximo órgano fiscalizador del país.
Además, la ASF reportó que ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) formalizaron los convenios interinstitucionales con la Sedena, irregularidad que debe aclarar la administración estatal.
Por otro lado, la ASF determinó irregularidades en dos contratos para la adquisición de bienes informáticos, equipo de administración, aparatos audiovisuales y cámaras fotográficas y de video financiados por el FASP, señala Latinus en su reporte.
La Auditoría Superior de la Federación expuso que los proveedores presentaron documentos del Servicio de Administración Tributaria “alterados o apócrifos”, sin dar a conocer las personas físicas y morales a las que se les adjudicaron los contratos por 6.2 millones de pesos.
La auditoría añade que subieron los índices delictivos de Michoacán en 2021 respecto al 2020. El robo a bancos subió en 175%, la extorsión en 110.3%, los homicidios dolosos en 11% y las lesiones en 2.7%; mientras que bajó el índice delictivo de robo a vehículos en 2.2%, robo a negocios en 12.2%, el robo a casa habitación en 13.7%, el robo al transeúnte en 22.8% y el secuestro en 41.7%.
CON INFORMACIÓN DE LA VOZ DE MICHOACÁN
