Morelia, Mich.— En un hecho calificado como histórico, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad reformas sustanciales a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
Esto, con el objetivo de erradicar los abusos, la discrecionalidad y la corrupción en los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Hugo Rangel Vargas, presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones.
Durante la sesión, el legislador petista subrayó que estas reformas son una respuesta directa al hartazgo ciudadano frente a un sistema opaco y abusivo. “La ciudadanía está cansada de pagar tarifas excesivas sin saber por qué, sin reglas claras y sin ninguna garantía sobre el cuidado de sus vehículos. Estas reformas colocan por fin el interés público por encima del negocio privado”, sostuvo.
Las modificaciones a la ley precisan con claridad las causales por las cuales un vehículo puede ser remitido a un depósito, lo cual limita la interpretación arbitraria por parte de las autoridades. Asimismo, los reglamentos municipales deberán armonizarse con la legislación estatal para evitar vacíos legales.
QUE HAYA TRANSPARENCIA
Uno de los puntos clave de la reforma es la obligatoriedad de que todas las tarifas por concepto de arrastre, salvamento y guarda de vehículos sean públicas, estén autorizadas por el Congreso del Estado y sean supervisadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, en apego a lo establecido por la Ley de Gobierno Digital.
“Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el servicio y por qué, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es transparencia, eso es justicia”, recalcó Rangel Vargas.
PROPONEN BUENAS PRÁCTICAS
La iniciativa también incorpora buenas prácticas del reglamento federal de servicios auxiliares de autotransporte, como el registro electrónico de entradas y salidas de vehículos en los corralones, así como la garantía de conservación y resguardo adecuado de cada unidad.
Por medio de nuevas fracciones al artículo 42, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá vigilar el cumplimiento de las tarifas, emitir lineamientos claros para la operación de los depósitos, y asegurar que las personas usuarias tengan acceso inmediato a la información sobre costos y procedimientos.
Rangel concluyó señalando que esta reforma no solo corrige fallas estructurales, sino que representa un acto de justicia para miles de michoacanos que han sido víctimas de cobros arbitrarios y condiciones irregulares.
“Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad. Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie”, enfatizó.
