Morelia, Mich.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez, sentencia condenatoria de más de 31 años de prisión en contra de una persona del sexo masculino, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del candidato a la Presidencia Municipal de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, así como por el delito de lesiones calificadas cometidas contra otras tres personas, en el 2015.
Se trata de Tomás L., quien en esa fecha se desempeñaba como subdirector de Seguridad Pública de dicho municipio y quien de acuerdo a los datos que constan en la Averiguación Previa, conocía respecto al atentado que se cometería contra el candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El 14 de mayo del año en cita, cerca de las 19:00 horas, la víctima realizaba actos de campaña con motivo del proceso electoral en dicha demarcación y en un momento determinado, al transitar por la calle Francisco Javier Mina, se le acercó una camioneta Toyota color gris con vidrios polarizados, la cual iba tripulada por sujetos que accionaron armas de fuego en contra del candidato y las personas que le acompañaban; tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga.
En el lugar, Enrique Hernández Salcedo perdió la vida, mientras que Alicia T.; Gustavo Javier M.; y Gerardo B., resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica.
Por estos hechos, la FGE a través de la Fiscalía Regional de Morelia dio inicio a las investigaciones, mismas que permitieron recabar datos sobre la posible relación del ahora sentenciado, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión obsequiada por un Juez, mismo que le dictó auto de formal prisión.
Luego de valorar las pruebas presentadas, el Juez resolvió sentenciar a Tomás L., a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como a una multa económica y el pago por concepto de reparación del daño tras acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado y lesiones.
La FGE refrenda su compromiso de brindar a las personas garantías de acceso a la justicia, para que los delitos que atentan contra su integridad, no queden impunes.
