Por Rafael Ayala Villalobos
Un acierto que hay que reconocer del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue que cuando algunas cámaras empresariales le solicitaron aumentar el salario mínimo lo aceptó, logrando mejorar el poder adquisitivo de las familias de bajos ingresos en un 26 por ciento –según el Banco de México- y disminuir la pobreza, sin que por ello se incrementara la inflación, entre otras cosas porque mantuvo cierta disciplina fiscal sin caer en sobregiros o provocando un gasto público deficitario.
Con datos del CONEVAL la pobreza está en 37.4 %; bajó en 89.8 por ciento de como estaba en 2018.
Sin embargo nadie puede echar las campanas al vuelo ya que los índices de los mexicanos en pobreza extrema permanecen igual, a pesar de que algunos reciben recursos de programas asistenciales no bien diseñados ni bien evaluados, pero susceptibles de reorientarse.
Asimismo los trabajadores clasificados como profesionales, los que ganan más del salario mínimo, no solo no gozaron de algún incremento salarial sino que vieron reducido su poder adquisitivo.
En efecto, en un sondeo realizado en La Piedad del 3 al 7 de noviembre de este año, 8 de 10 trabajadores de nivel profesional dijeron que vieron disminuir su poder de compra. El Banco de México lo confirma, aportando el dato: los trabajadores profesionales disminuyeron hasta en un 25 % su poder adquisitivo y a nivel de gerencia media para abajo fue del 36 % la pérdida.
Al respecto, en La Piedad, 5 de 10 afirmaron que están deseosos de cambiar de empleo, porque perciben a la empresa como la causante de su rebaja en el nivel de vida, cuando no necesariamente es así, ya que el problema que lesiona a las clases medias tiene un componente estructural y nacional.
Los salarios mínimos han aumentado, sí, pero no los salarios medios o profesionales.
Para que los salarios mínimos sigan aumentando es menester que las empresas y el sector público sean más productivas y que también crezca el Producto Interno Bruto, el PIB, resultado esto de capacitar más al personal que agrega valor al trabajo. Pero también que existan los estímulos fiscales al emprendimiento y un clima jurídico de seguridad. De no ser así se distribuirá, ya no riqueza, sino pobreza.
El salario mínimo ha aumentado en promedio 13.5 por ciento por año, pero los salarios restantes solo el 5.5 %, con datos del Banco de México.
Si el salario no es competitivo, las personas se desestimulan a permanecer en el empleo y se van al ejército de reserva laboral lo que hace que la demanda de empleo y la rotación de personal, abarate los salarios que están por arriba del mínimo.
Un rápido sondeo en La Piedad, apunta a que el 37 % de trabajadores con sueldos arriba del mínimo estén inconformes. No obstante ello se consuelan porque al menos alguna persona de su entorno familiar reciben dinero del gobierno por cualquiera de los programas asistenciales. “Yo ya le doy menos apoyo a mis papás porque reciben Bienestar”, dijo un entrevistado.
México tiene un problema fiscal grave por el aumento de la deuda pública, que es del 50 % del Producto Interno Bruto, PIB, y si el gobierno quiere sostener el gasto de los programas sociales tiene como opciones: a) aumentar los impuestos (ya lo anunció el senador Ricardo Monreal); b) recurrir al endeudamiento; o c) reducir el gasto público en general.
Por eso el gobierno federal quiere revisar su estrategia fiscal y por eso el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado hace algunos días por la presidenta Claudia Sheimbaum al Poder Legislativo, contempla una fuerte reducción presupuestal a toda la administración pública.
El Paquete Económico 2025 que el Poder Ejecutivo propuso etiquetó 835 mil 705 millones de pesos para los programas sociales, y qué bueno que así sea y que contemple los programas nuevos propuestos por la presidenta con A y que son: Bienestar Casa Por casa, con 2 mil millones de pesos; el apoyo a Mujeres de 60 a 64 años, con 15 mil millones; y la Beca Educación Básica Rita Cetina, con 78 mil 840 millones.
Pero el Paquete elaborado por la Secretaría de Hacienda recorta 10 mil 268 millones a educación superior y altos porcentajes a secretarías como la de Cultura que perderá el 29 % de su presupuesto actual; la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 37 %; Salud, el 31 %; y la de Seguridad y Protección Ciudadana verá rebajado su presupuesto en un 30 %.
Los proyectos prioritarios de algunos estados como Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, entre otros, no están contemplados, por lo menos no en forma directa.
Y en general, considerando todos los programas y recursos que pueden llegar a los municipios, estos serán afectados en 17 %, por lo que los presidentes municipales tendrán que mostrar mayor habilidad de gestión, tanto para administrar como para conseguir recursos.
La presidenta ha afirmado que no es indispensable subir impuestos para mantener el gasto público y los programas de asistencia social como para adultos mayores, mujeres, jóvenes y personas con discapacidades, que equivalen al 13 por ciento del PIB, con los que se benefician 30 millones de mexicanos, lo que ha sido importante para reducir la pobreza, aunque no la pobreza extrema, como dijimos, marcada en 2022 en 28.6 %.
Los programas sociales pueden seguir subiendo, ampliándose, pero sosteniblemente y eso es elevando la productividad. No hay fórmulas mágicas.
Ahora bien, hay un factor que incide en que la productividad esté cayendo y con ello las ganancias y por consecuencia peligran los impuestos. En 2018 la productividad caía al 0.4 % anual, hoy cae 10 veces más rápido.
Dos cosas lo explican: la primera es que hay estímulos para no trabajar y cuando no hay necesidad de trabajar, tendemos a no trabajar. Punto. Eso tiene su lado bueno: los adultos pasan más tiempo con su familia y con su comunidad.
El otro factor es éste: no está aumentando la dotación de capital físico y humano para cada trabajador. Con menos inversión, hay menos dotación de capital por trabajador, y la productividad cae. Esto es de abc de la administración.
Es bueno que en los hogares haya más ingreso, nada más que hay que cuidar que se pueda sostener y no hay de otra más que con productividad, pero para ello es indispensable que la economía crezca, y crece cuando los factores de la producción, trabajo y capital se sienten seguros y estimulados.
Ayudaría, y mucho, una política fiscal que favorezca a las empresas para que inviertan en sus trabajadores, y en los trabajadores independientes que invierten en sí mismos, tanto en educación, capacitación, como en herramientas y equipos. Hay municipios, como el de La Piedad, donde incluso se apoya el surgimiento e incubación de nuevos emprendimientos.
Algunos sucesos y datos han alentado a algunos analistas a suponer que las cosas marcharán un poco mejor en materia económica, pese al mal tiempo y a las amenazas provenientes del trumpismo. Uno de ellos es que se ha notado que la presidenta con A no está actuando por ocurrencias, demanda datos duros para decidir y da margen de maniobra a su equipo, lo que por ejemplo dio como resultado que se volviera acertadamente al sistema de compras consolidadas de medicamentos.
Con situaciones similares en otros países y regiones, les ha dado buenos resultados para superarse económicamente, apuntalar lo local, la productividad de provincias y municipalidades, atendiendo su vocación económica en un clima jurídico estable y confiable y con instituciones democráticas. Y en esto los ayuntamientos juegan un papel importante. La Piedad no es la excepción.
He allí el reto.
Sean felices.
