Ejecutan al delegado de la FGR en Tamaulipas; desatan ola de violencia en Reynosa
El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue asesinado la tarde del lunes en un ataque directo perpetrado en una de las principales avenidas de Reynosa, lo que desató una serie de hechos violentos en distintos puntos de la ciudad.
De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió alrededor de las 18:55 horas sobre el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la Plaza Engrei. Sujetos armados interceptaron la camioneta blindada en la que viajaba el funcionario federal y le habrían lanzado una granada, provocando que el vehículo se incendiara casi de inmediato.
Testigos señalaron que Vázquez Reyna logró salir del vehículo con vida, aunque con heridas visibles, pero fue rematado a balazos por los agresores. En redes sociales circularon videos del momento en que el delegado intentaba huir de las llamas, antes de recibir los disparos.
Tras el atentado, se registraron bloqueos y balaceras en diversos sectores de la ciudad, entre ellos Jarachina Norte, Viaducto Reynosa, Mil Cumbres y otros puntos, generando alarma entre la población. Corporaciones de los tres órdenes de gobierno activaron un operativo conjunto para intentar contener la situación.
La Fiscalía General de la República confirmó el fallecimiento del delegado y anunció el inicio de una investigación formal. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre detenidos, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con grupos del crimen organizado que operan en la región fronteriza.
Vázquez Reyna se desempeñaba como representante de la FGR en un estado considerado clave en el trasiego de drogas, armas y migrantes. Su labor en campo y su participación en investigaciones recientes podrían haber sido un factor en la agresión, indicaron fuentes cercanas a la dependencia.
El homicidio del delegado representa un duro golpe para las instituciones federales en la región y se da en un contexto de creciente violencia contra funcionarios públicos. Organizaciones civiles y sectores políticos han exigido al Gobierno federal una respuesta inmediata y contundente.
