Por Rafael Ayala Villalobos
Moverse en La Piedad es un lío. Malas políticas públicas, si acaso las ha habido, se han equivocado. La buena noticia es que ahora parecen encaminarse al remedio para transitar mejor por el municipio.
Esas malas decisiones que solo administraron la inercia son en parte responsables del creciente problema de movilidad urbana que abarca a la Zona Metropolitana de La Piedad con Numarán, Degollado, Pénjamo y municipios circundantes incluidos, en un conglomerado poblacional que supera los 300 mil habitantes, ocasionando congestionamientos de tránsito vehicular infernales, deterioro de la salud y de la calidad de vida, que son uno de los factores de las principales causas de enfermedad y muerte aquí y ahora: diabetes, hipertensión, infartos y cáncer, según el INEGI, relacionadas con el estrés urbano, encarecimiento de los costos de vida familiar y de productividad empresarial, inseguridad pública, deterioro del orden y del estado de derecho, corrupción y escasa competitividad como Zona Metropolitana y como municipio, lo que aleja inversiones, empleos y la posibilidad de que La Piedad sea un buen lugar para vivir y crecer como personas humanas.
Y sin embargo no se ven propuestas objetivas, reales, democráticamente consensadas, ni de la academia, ni de los principales actores políticos de los partidos, ni del empresariado, ni de los sindicatos, ni de otras organizaciones sociales.
La población en general vive dispersa, dividida, sin organizaciones ciudadanas, sin participación social, apenas votando el 40 y tantos por ciento en las elecciones, con un desinterés sin par, sufriendo sin saber porqué, entre otros factores, porque tenemos todos en promedio sexto año de primaria de escolaridad y nos nutrimos de noticias, chismes y pseudo-reflexiones de TV Azteca y Televisa, esclavos de los créditos de empresas foráneas, atentísimos al fútbol comercial, a las redes sociales y a las telenovelas, pasto pues de quienes se quedan con las ganancias y los beneficios del neoliberalismo que ha hecho del modelo depredador de crecimiento urbano uno de sus principales negocios. Pero vámonos más despacio.
Esta desordenada realidad se origina en el crecimiento anárquico de los municipios. El 97% del aumento poblacional de la Zona Metropolitana desde 1980 a 2019 ha sucedido en los municipios de mayor tamaño que pese a que han introducido nuevas redes de agua potable y alcantarillado, electricidad y pavimentado y repavimentado avenidas, no han logrado detener el crecimiento disperso y caótico lo que ha significado que el crecimiento se expandiera casi 4 veces entre 1980 y el 2010, según datos de la entonces SEDESOL, sin establecer diversos servicios homogéneamente como si la Zona Metropolitana fuera una sola urbe, entre ellas un transporte público estructurado y un tránsito vehicular ordenado conforme a derecho y no conforme a los criterios de los policías de tránsito y de los conductores de coches particulares dando como resultado que no hay órden y por lo tanto no hay progreso.
De los kilómetros existentes por donde circula el transporte particular y el público, el 73% se encuentra en La Piedad y el resto en los demás municipios de la Zona Metropolitana. Si bien es cierto que Pénjamo tiene más habitantes, La Piedad concentra el mayor número de personas viviendo en la misma urbe. Esta desigual provisión es aún más notoria en la cobertura que otorga el transporte público a la población.
Si en La Piedad a medio kilómetro alrededor de una estación o parada de transporte masivo se localiza el 50% de la población, en el resto de los municipios de la Zona Metropolitana se reduce al 12%. Si se considera la Zona Metropolitana, la cobertura del servicio de transporte colectivo es de sólo 26%.
Tan baja oferta obliga a que la mayor parte de la población utilice el transporte público concesionado o piratas, siendo el 46 % viajes al trabajo en donde según el decir de los usuarios pagan caro, hay mala calidad, suciedad, impuntualidad, inseguridad, han sufrido vejaciones, tardanza excesiva (hasta dos horas en promedio) entre su origen y destino. Un Calvario, pues.
Se ha seguido un modelo de prestación del servicio de transporte público que es más privatizado con casi nada de supervisión gubernamental y ni mucho menos del público usuario al que ni caso le hacen ni lo invitan a las reuniones sobre éste tema, siendo que debería ser el pueblo usuario el protagonista principal de éste servicio.
Se espera que con las ganancias del sector el servicio mejore, pero esto nunca ha sucedido ni hay visos de que así suceda. La antigüedad de los camiones y su deterioro así lo evidencian.
Es notorio que los permisionarios quieren mejorarlos pero con el actual esquema o sistema de trabajo no será posible por lo que hacen falta soluciones radicales en los que los municipios se fajen los pantalones ante el estado y la federación.
Ya se ha visto cómo la mano invisible del mercado no está resolviendo el problema… y ni lo hará. Por ejemplo, se hace necesario conseguir mecanismos de financiamiento a largo plazo para la renovación del parque vehicular, pero no en el sentido que algunos han propuesto imitando a otras ciudades en las que se emplean camionetas pequeñas, tipo “combis”, porque la tendencia internacional y lo que están haciendo en otros lados en mover más gente con menos vehículos y que sean ecológicos.
Para que el transporte público pueda prestar un buen servicio y ser negocio, el costo del pasaje tendría que ser alto. Algo impensable para la población que se encuentra en situación de pobreza.
El esquema de concesión es tan problemático que ha llevado a reducir el mantenimiento de los vehículos, a la quiebra de algunos permisionarios, al monopolio. Éste modelo no sólo es perverso para el usuario del transporte, también para sus trabajadores, pues carecen la mayor parte del tiempo de contratos laborales, de prestaciones sociales y/o condiciones dignas de trabajo, sin seguridad social, sin fondo de ahorro para el retiro y conformados con que ganan en promedio 400 pesos diarios.
Un aspecto no siempre considerado es que el sistema de transporte público utiliza la infraestructura urbana pagada por todos, y habrá que recordar que el verdadero poder administrativo de un gobierno municipal es el dominio y administración de su solar municipal, si bien su poder político radica en la obtención de consenso popular.
De esta forma, tanto el estado como el Municipio evaden su responsabilidad por partida triple: evitan utilizar cualquier recurso público para otorgar subsidios que permitan elevar la calidad del servicio; evaden la regulación del servicio; y transfieren parte de los costos políticos a los permisionarios y al resto de los usuarios de las calles, como en el caso del congestionamiento vehicular, entre otros.
Un ejemplo: habría que calcular con cuánto dinero La Piedad subsidia a Santa Ana y a Pénjamo cuyos habitantes se trasladan sobre las calles de La Piedad o que utilizan su transporte público en los que el responsable de la gestión es el gobierno municipal de La Piedad.
Los taxis son otro gran problema ligado al transporte público. Los formales tienen que competir con aproximadamente 500 irregulares, lo que genera dos tipos de servicio, uno con calidad y otro que expone al usuario a su suerte, a sufrir o no abusos en el cobro o ser víctimas de un accidente, asalto o violencia sexual.
Esta tolerancia a servicios de baja calidad e informales ha empeorado con la proliferación de mototaxis, un medio de transporte en el que se pueden sufrir accidentes fácilmente por la precariedad del vehículo y por la inexperiencia y pericia de su operador. Así, el transporte público en La Piedad agudiza la desigualdad social y económica, según lo que cada usuario pueda pagar.
Sería inocente pensar que esta política tiene sólo que ver con la privatización, también puede tener fuertes motivaciones políticas, como crear clientelas electorales de los concesionarios de transporte. Sus condiciones legales y laborales pueden ser muy precarias, haciéndolos sujetos fáciles de extorsión, a la vez que son tantos que representan una fuerza política en sí misma con la cual se negocian apoyos político-electorales.
Dado el riesgo y la vejación que supone viajar en la colectividad, los piedadenses están comprando motocicletas a crédito como si fuera pan caliente. Las motocicletas, peligrosas de por sí, desquiciadoras del tránsito vehicular, ya representan casi el 40 % del parque vehicular del Distrito Rentístico con datos del 2018.
Para tener más claro el tamaño del problema hay que decir que en el Distrito Rentístico de La Piedad existen casi 50 mil vehículos motorizados y 1, 750 vehículos de servicio público entre taxis, camiones de pasajeros, de carga, etcétera, de los que controla la Comisión Coordinadora del Transporte, organismo gubernamental a nivel estatal.
Esto sin contar con los vehículos de Santa Ana, Pacueco y de Pénjamo Guanajuato, así como tampoco al parque vehicular flotante que viene de fuera de la Zona Metropolitana, como por ejemplo en la temporada navideña.
Como una falsa solución a los problemas del transporte público, se ha impulsado la inversión pública y privada en obras viales, pero que en cuanto a la movilidad casi no resuelven nada, si acaso que los automovilistas circulen más agusto y sin maltratar sus vehículos.
Por eso una reflexión que sigue siendo oportuna es si es atinado que sin contar el gasto corriente de la administración pública municipal sea ético y correcto que la mayor parte del presupuesto y del endeudamiento público se destine al uso intensivo de vehículos particulares, como si se gobernara para los coches, sin incentivar otras formas de mobilidad urbanas.
Viene al caso un dato: solo el 28 % de la población tiene o usa automóvil particular, pero para éste sector se destina una gran parte del presupuesto, lo que abona a la calidad de vida y a la competitividad como ciudad, es cierto.
En La Piedad, con banquetas angostas y disparejas, con escasos andadores, tener alguna discapacidad o ser mayor de edad es un sacrificio, lo que recluye a miles en sus hogares, impidiéndoseles el disfrute de los espacios públicos.
Y no solo a ellos, también a los jóvenes, para quienes no está pensada la ciudad y sus espacios. Y ya no hablar de la carencia de ciclovías…
No tenemos una movilidad ordenada, de tolerancia cero y sustentable. No tenemos una política que incentive la apertura de estacionamientos públicos. Cada día hay mayores emisiones contaminantes, efecto invernadero y calentamiento. Las rutas del transporte público deben ser revisadas en su aforo, frecuencia y conectividad, esto es, en su estructuración general.
Salir de estos círculos viciosos que aquejan al municipio es posible, al menos se percibe voluntad política de parte del actual Ayuntamiento, pero requiere un cambio radical de la política pública y no solo cambiar de caras en el gobierno, ni siquiera de emblemas partidarios o de ser más o menos honestos. Eso se da por descontado.
Es claro que se tiene que abandonar el obsoleto modelo de dejar hacer, dejar pasar, de permisividad, o de desmadre, para ser más claros, del transporte público y privado y de la infraestructura pro automóvil, carente de una visión metropolitana y enfocarse en la movilidad sustentable comenzando por el transporte público.
Para ello en inicio se requieren varias medidas: homologar la regulación entre los municipios metropolitanos, la creación de un órgano operador de todos los sistemas de transporte público, tolerancia cero en la aplicación de reglamentos, la integración de medios de pago, subsidio y financiamiento público, entre otros. Esto puede ser en un primer momento de carácter estatal y municipal, la necesidad exige que sea metropolitano su alcance.
En paralelo, se debe avanzar en una política de regulación homogénea de los automóviles, las motocicletas, taxis y en los estándares de infraestructura de movilidad activa, capacitación de los choferes del servicio público, más policías de tránsito, mejor pagados, comprometidos y capacitados, menos regañones y más amables pero firmes. Es hora de que gobierno y sociedad coloquemos en el centro de la vida comunitaria a la persona humana y al medio ambiente. En lo porvenir, todas las políticas públicas deberían partir de éste principio.
Esto sin olvidar diseñar y aplicar políticas públicas que mejoren la competitividad en materia de escolaridad y de civismo, ya que es un objetivo indisociable de la planificación urbana y las mejoras en el transporte público, entre otros aspectos.
Abordar uno sin el otro, conllevará a mejoras parciales, que serán rápidamente rebasadas por otros problemas. Una población en la que 7 de cada 10 personas no sabe qué beneficios tiene la democracia y la cultura de la legalidad, en la que 6 de cada 10 dice que no importa la democracia si un gobierno autoritario “lo ayuda”, si en general se tiene sexto de primaria como promedio de escolaridad, si solo 37 de cada 100 alumnos que terminan la secundaria ingresa a preparatoria, si ni siquiera el 50 % de los empadronados votan en las elecciones, si 8 de cada diez que reciben apoyos del gobierno federal votan por el partido en el poder federal no por convicción o por haber reflexionado, sino porque venden su voto al ser clientes de diversos programas paternalistas, no puede ser una población democrática, cívicamente plena, responsable de su propio destino y, por supuesto, es víctima de vivillos.
El actual gobierno de La Piedad, puede ser criticado por lo que sea, pero es de reconocérsele que está asumiendo las responsabilidades que le tocan dentro de la Zona Metropolitana en varios temas. Un verdadero estadista no dudará en implementar una visión de movilidad metropolitana (y desarrollo metropolitano), para transformar la situación actual. No hacerlo es condenar indefinidamente a miles (1 de cada 4) a transitar estas calles con deterioro de la calidad de vida.
Hay otros temas candentes derivados de lo anterior: para variar, la opacidad, la ineptitud y la falta de planeación democrática en el municipio, porque a lo sumo hay la convalidación “formal” de decisiones del gobierno, consensadas no con la ciudadanía sino con grupos de presión y poderes fácticos: no hay políticas demográficas que contengan el crecimiento poblacional extensivo cuando La Piedad tiene poco territorio y casi nada de reservas ecológicas.
No hay estrategias para inhibir la migración a la ciudad, ni para sacar a territorios predeterminados industrias, empresas y oficinas públicas; no hay modernización del servicio público de transporte ecológico que inhiba el uso del auto; se han privilegiado los negocios inmobiliarios sacrificando a la comunidad y la voracidad de algunos que a lo mejor creen que hacen lo correcto y que están en su derecho.
El modelo que hemos seguido debe ser urgentemente detenido y corregido. De no hacerlo el gobierno mismo, será un frente amplio ciudadano el que lo haga porque ya no se puede seguir priorizando un modelo que ha preferenciado el transporte motorizado particular y el público y que ha traído consigo a manifestaciones sociales y económicas negativas y una huella ecológica negativa profunda, convirtiendo al transporte, a la movilidad misma, en una fuente de disparidades socioeconómicas y de desigualdad urbana e injusticia social.
En nuestro centro urbano como en otros del país, se trazará el destino de nuestra sociedad. El modelo de movilidad será un punto inicial a analizar, por lo que es necesario reflexionar colectivamente acerca de esto.
La reflexión sobre el rol del municipio en el futuro inmediato de la comunidad piedadense pone a discusión las raíces de los vínculos sociales básicos, ya que en los centros urbanos se delinea el destino de las sociedades. Los modelos de movilidad son un punto a analizar, de ahí éste artículo.
La pretensión es conversar. Son solo apuntes acerca de la relación que hay entre movilidad y desigualdad social aquí y ahora, que seguramente se superará con la suma y el consenso de todos, con el liderazgo de las autoridades constitucionales, con una visión ya no fragmentada sino integral para lograr una mayor calidad de vida de los habitantes de La Piedad y de la Zona Metropolitana.
No hay dejar de apuntar, por tanto, elementos que nos permitan comprender y explicar cómo crece la ciudad, cómo se moldea y cambia, así como el modelo de movilidad establecido; lo que requiere especial énfasis reflexionar acerca del arraigo de la cultura del beneficio económico a corto plazo que el modelo de producción capitalista en su etapa neoliberal ha impuesto, la cual ha perjudicado tanto la sostenibilidad del medio ambiente como la calidad de vida de las personas y de las familias piedadenses.
Dicha reflexión nos debería conducir, incluso, a cuestionarnos sobre la necesidad de seguir creciendo “de por sí”, así como a tratar de diseñar escenarios alternativos al crecimiento ilimitado urbano.
Promovamos la concientización acerca de éste problema y formemos una organización gobierno-ciudadanía que dialogue y busque soluciones.
Que tengan muy buena semana.
