El recién asumido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur con México como una de sus primeras acciones de gobierno.
Según el mandatario, estas medidas buscan frenar la inmigración ilegal, proteger la seguridad nacional y combatir las actividades delictivas asociadas a los cárteles de la droga.
Entre las acciones destacadas, Trump ordenó el despliegue de tropas militares en la frontera, además de la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. También reactivó el programa «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelve su situación migratoria en Estados Unidos, y suspendió temporalmente el programa de refugiados.
Estas decisiones han generado tensiones diplomáticas con México. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a las medidas, subrayando que México no debe «agachar la cabeza» y exigiendo un trato justo en la relación bilateral. Además, el gobierno mexicano anunció estrategias para proteger a los migrantes afectados por estas políticas y prepararse para recibir a quienes sean deportados.
Por otro lado, las medidas propuestas por Trump enfrentan críticas internas y posibles desafíos legales. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que estas políticas representan a los migrantes como una amenaza y podrían ser difíciles de implementar.
La nueva administración de Trump, que busca priorizar el endurecimiento de las políticas migratorias, se enfrenta ahora al reto de equilibrar sus objetivos políticos con la presión interna e internacional para garantizar los derechos de los migrantes.
