La Cámara de Diputados ha aprobado una reforma que redefine las responsabilidades en la gestión de desastres naturales en México, desencadenando un intenso debate político y legal.
El dictamen, avalado por los legisladores de Morena y sus aliados, establece que serán los estados y municipios quienes deberán destinar recursos para la atención de desastres naturales. Esta medida implica una modificación significativa en la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, derogando la ley anterior promulgada en 2012.
La nueva normativa establece como obligación y responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales la contratación de seguros y otros instrumentos financieros para cubrir los daños causados por desastres naturales, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.
La iniciativa, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado una profunda división en la opinión pública y en el ámbito legislativo. Mientras que los partidos de la coalición gobernante respaldan la reforma como una medida para fortalecer la autonomía de los estados y municipios y mejorar la coordinación en la gestión de riesgos, la oposición ha expresado su rechazo contundente.
Los legisladores de oposición han anunciado su intención de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que esta reforma abandona a las entidades federativas y los deja desamparados ante las catástrofes naturales.
Las críticas se centran en que esta medida podría debilitar la capacidad de respuesta del gobierno federal y poner en riesgo la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por desastres naturales. Además, se cuestiona la falta de análisis exhaustivo y consenso en la elaboración de la reforma, así como su posible impacto en la prevención y atención de desastres.
Por su parte, el gobierno ha defendido la reforma como una medida que promueve la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, asegurando que se mantendrá la solidaridad y apoyo a las comunidades afectadas por desastres naturales.
La controversia en torno a esta reforma refleja los desafíos políticos y legales en la gestión de desastres naturales en México, así como la necesidad de encontrar un equilibrio entre la autonomía de los estados y municipios y la coordinación efectiva a nivel nacional para hacer frente a situaciones de emergencia.
