Por: Rafael Ayala Villalobos
Institución amenazada y debilitada por el actual gobierno federal es el municipio. Muchos programas con recursos federalizados le han cancelado o disminuido en términos reales, lo que le dificulta cumplir su misión, además de quitarle capacidad para combatir la pobreza y la desigualdad. De cada peso del presupuesto federal, el gobierno se queda con 80 centavos, repartiendo los 20 restantes a los 32 estados y a los 2479 municipios del país. Peor que nunca.
El presupuesto público federal es eso: federal, o sea, de todos los municipios y de las entidades federadas, no solo del presidente de la República.
El Ayuntamiento opera los servicios públicos, hace obra pública y conduce la gobernabilidad, pero a la hora de querer crear condiciones para que La Piedad crezca económicamente con desarrollo social y humano, se topa con que para esto no llegan recursos de la federación, que existen dificultades económicas más allá de sus manos y que cuentan con escasas capacidades institucionales para disminuir la pobreza y procurar la igualdad socio-económica, así que por lo menos le echa ganas a la infraestructura y el equipamiento urbanos, lo que se le reconoce. Pero no basta.
La del presidente es la ventanilla de atención al ciudadano más próxima de las familias. A ella acuden para pedir, no para dar. La presidencia municipal es el cargo más difícil de cuantos hay en México.
Sintiéndola cercana y creyendo que el presidente conoce todos los problemas, se le exigen soluciones, pero no puede porque las necesidades exceden los recursos económicos de que dispone, asimismo rebasan las capacidades institucionales y las atribuciones que posee un Ayuntamiento, porque si ya de por sí México es presidencialista, este gobierno federal se ha radicalizado en construir una dictadura centralista.
El caso es que la superación de la pobreza es uno de los retos más graves que enfrenta La Piedad.
El problema es de gran magnitud si se toma en cuenta que, según los datos del Coneval del 2020 el 43 % de piedadenses se encuentran en situación de pobreza, y de estos, el 8.5 % padecen pobreza extrema.
La responsabilidad de atender este problema recae en la federación, el estado y el municipio ya que según el artículo 9 de la Ley General de Desarrollo Social los tres órdenes de gobierno cuentan con atribuciones concurrentes para combatir a la pobreza.
Sin embargo, no se especifican las responsabilidades que debe desempeñar cada uno de ellos y, además, el municipio se encuentra en desventaja respecto a los otros dos ámbitos de gobierno para satisfacer esta atribución porque está en la línea de batalla y casi sin dinero, lo que le resta capacidades para disminuir realmente la pobreza y la desigualdad
Cabe decir que en el 2015 la Auditoría Superior de la Federación elaboró una metodología para analizar las capacidades de los municipios para disminuir la pobreza, considerando datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y el Censo de Población y Vivienda del INEGI, así como el Índice de Desarrollo Institucional Municipal. Ahí se ve que La Piedad disminuyó su pobreza y que aumentaron las capacidades municipales para combatir la pobreza.
No obstante, la falta de una estrategia basada en políticas públicas que eleven la calidad de vida de sus habitantes, diluye la mejoría, esto es que el avance no logra llegar efectivamente, en directo, a las familias más pobres.
Las causas son variadas, pero la principal es la desigualdad de situación, o sea, la desigualdad de acceso a las oportunidades. Basta con hacer un recorrido por la ciudad para que su rostro urbano evidencie la gran desigualdad que aquí existe.
Otra causa por la que el avance –progreso, le dicen algunos- de La Piedad no se refleja en un aumento en la calidad de vida de las mayorías, es por la gran carga normativa que regulan las atribuciones del gobierno municipal en varias leyes federales y estatales que terminan por enredar y dificultar la realización de las capacidades municipales para combatir la pobreza.
Según el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio debe rascarse con sus propias uñas para prestar los servicios públicos urbanos, y en cambio en forma coordinada con los otros dos órdenes de gobierno debe evaluar el resultado del ejercicio de los recursos públicos, según el artículo 134 constitucional, entre muchas otras atribuciones en donde la sartén por el mango la tiene el estado y/o la federación. Bonito federalismo que trae a los del Ayuntamiento como pedigüeños ante el estado y la federación.
Una tercera causa, es que el gobierno municipal gasta en acciones que ayudan a la población, que mejoran momentáneamente su vida, pero que no necesariamente tienen efectos contundentes para disminuir la pobreza, lo que denota ganas de ayudar pero apunta a que es necesaria una estrategia de mediano y largo plazo en materia económica.
Por ejemplo, el gobierno gasta en atender las efemérides culturales y cívicas y en ayudar a la población en el tema de la salud con medicinas y atención médica. Son ejemplos de que este tipo de intervenciones hacen que la población tenga este derecho social, uno de los componentes de la pobreza, o que la entrega de este tipo de bienes y servicios hagan más llevadera la vida de las familias, sobre todo ahora que el gobierno federal sacó a más de 35 millones de mexicanos de la atención médica.
Hay que recordar que el actual Ayuntamiento acordó que los integrantes del Cabildo donaran parte de su sueldo para crear y atender unidades de atención a la salud de primer contacto, lo que ha servido de mucho, pero no incide en romper el círculo vicioso de la pobreza, como lo sería el fomento al sector social de la economía, el cooperativismo, la economía social y solidaria y la economía circular.
Una cuarta causa es la descoordinación que hay entre los tres órdenes de gobierno que bien podrían complementarse y no seguir cayendo en duplicidades. El problema es que tanto el estado como la federación dificultan el que los municipios sean los rectores del crecimiento económico y del desarrollo social en su territorio.
En La Piedad es innegable que se vive mucho mejor que en la mayoría de los municipios del estado de Michoacán y que hasta cierto punto se sale de la pobreza con más facilidad que en Chinicuila o Tumbiscatío, por ejemplo.
Cabe preguntar entonces: ¿porqué? Porque, entre otras cosas La Piedad tiene más o menos las capacidades financieras y administrativas para tener buena cobertura en la prestación de servicios públicos como la seguridad, el agua potable, drenaje, mantenimiento de calles y vialidades y en general del equipamiento y la infraestructura urbanos que inciden en alentar la inversión, la productividad, la distribución de bienes y servicios y su consumo, esto es, que facilitan tener una economía funcional, con todo y que existe un gran déficit: los piedadenses no producimos lo que nos comemos.
El reto del Ayuntamiento es crear los mecanismos, las herramientas, para que el crecimiento económico de La Piedad –innegable- se convierta en desarrollo social y humano.
La gran oferta educativa, la cantidad de bancos e instituciones financieras que hay, evidencian cierto nivel de bonanza. Pero ya no hay reserva de tierra y el agua no alcanza, por ejemplo.
La Piedad ya no debe seguir creciendo extensivamente. Estamos depredando la tierra urbana con urbanización extensiva e intensiva y la tierra rural con tanto agave. Estamos dejando de ser un municipio productivo para ser un lugar especulativo y de consumo.
Que La Piedad sea un solar retentivo de su gente, que nadie esté aquí a fuerza, que sea altamente productivo y sustentable, donde se viva con concordia y paz, con justicia social, mayor igualdad, seguridad y aspirando a que no haya pobreza, es la meta. Y sí se puede, porque sí hay de otra.
Importa mucho tener un Ayuntamiento que propugne por las reformas constitucionales y legales que le permitan fortalecer sus capacidades institucionales para combatir la pobreza y la desigualdad.
El municipio no es una sucursal ni del estado ni de la federación; tampoco debe estar sujeto a los vaivenes políticos de esos dos órdenes de gobierno, sino tener su propia agenda, su propio programa a realizar con visión de largo plazo, surgida desde las entrañas de la sociedad civil, con el liderazgo del Ayuntamiento.
Aquí cabe resaltar que al medir multidimensionalmente la pobreza, tanto el Coneval como el INEGI consideran que una familia se encuentra en situación de pobreza si su ingreso es inferior a la línea de pobreza por ingresos, o sea que su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que necesita obligatoriamente para satisfacer sus necesidades no alimentarias y alimentarias y padece por lo menos una de las siete carencias sociales típicas del círculo vicioso de la pobreza: mala educación o rezago educativo; nulo o escaso acceso a servicios de salud; no acceso a la seguridad social; nulo, escaso o mal espacio de vivienda; nulo o escasos servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación sana; y seguridad.
Esta lista y los derechos humanos han de ser la guía para el próximo Ayuntamiento a la hora de elaborar su plan de gobierno.
En lo que se hace una revisión del diseño institucional del municipio y un análisis situacional de su administración pública, así como que en tanto se modifican las relaciones entre los tres órdenes de gobierno, el gobierno municipal y la ciudadanía pueden considerar varias propuestas.
Una de ellas es crear una caja popular receptora de ahorro de migrantes y de personas físicas y morales radicados en la región, para retener capital para la inversión productiva aquí, de acuerdo a la vocación económica y la ubicación geográfica del municipio.
Otra es crear una empresa paramunicipal y una fundación enfocadas a la vivienda popular. El municipio incide indirectamente en el fomento de la industria de la construcción con pavimentos, drenaje y agua potable, pero habría que considerar intervenir en forma más directa. Cabe un dato: cada empleo directo de la construcción incide en 18 indirectos.
Otra es buscar la manera de que la riqueza que aquí es socialmente producida, se retenga lo más posible, ya que ahora se va a otras ciudades en forma de gasto o inversión o por la vía de los impuestos federales. Una manera podría ser la creación de asociaciones civiles enfocadas a resolver diversos aspectos de la economía y la sociedad, a las que los contribuyentes pudieran hacerle donativos, buscando su deducibilidad de impuestos. Se trata de retener riqueza.
Otra es crear un consejo económico ciudadano que busque la manera de que La Piedad consolide al menos un sector precursor de la economía, como en su tiempo lo fue la porcicultura. Una punta de lanza que traiga dinero de fuera para inyectarlo en la economía circular de aquí.
Obviamente que cuando se analice la situación de la administración pública en lo tocante al combate a la pobreza y la prestación de los servicios públicos, habrá que ampliar el análisis a su calidad y no solo a su cobertura, porque este factor también es componente de la pobreza ya que ésta, como se sabe, es multifactorial.
El nuevo proceso electoral nos debe motivar a realizar colectivamente una gran conversación sobre los grandes problemas municipales, encontrándoles, juntos, las mejores soluciones.
Quiénes sean candidatos o quiénes vayan a integrar el nuevo Ayuntamiento, importa.
Pero no se trata solo de nombres y apellidos, o de a quién le toca o quien quiere, sino sobre todo de tener capacidad de análisis y de propuesta, de saber dialogar con la ciudadanía y de comunitariamente forjar una agenda valórica y programática que le dé a La Piedad unidad y concordia. También crecimiento económico, sí, pero con desarrollo social y humano, sin desigualdad ni pobreza.
Hagamos de La Piedad un mejor lugar para vivir y crecer como personas humanas y como comunidad de familias.
Sean felices.
