Un juez de control en el estado de Michoacán ha emitido nuevas órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros 15 exfuncionarios de su administración, derivado de las investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en 2017.
Los cargos
Tras años de litigio y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó la carpeta de investigación relativa al operativo policial en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Los delitos que se le imputan formalmente al exmandatario son:
- Homicidio calificado (por la muerte de cuatro civiles).
- Tortura.
- Abuso de autoridad.
Estatus legal: Prófugo de la justicia
Aureoles Conejo mantiene actualmente el estatus de prófugo de la justicia. Según los registros judiciales y los informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el exgobernador no ha sido localizado en sus domicilios conocidos en el estado ni en la Ciudad de México.
Se ha confirmado que la Ficha Roja de Interpol permanece activa, lo que permite su búsqueda y detención en más de 190 países. Aunque la defensa del exmandatario intentó promover diversos juicios de amparo a finales de 2025 para frenar las órdenes de captura, los juzgados federales han negado las suspensiones definitivas debido a la gravedad de los delitos de lesa humanidad que se investigan.
Antecedentes y procesos paralelos
Este nuevo mandato judicial se suma a los procesos administrativos y penales que ya enfrentaba el político michoacano:
- Inhabilitación: Sigue vigente la sanción por parte de la Secretaría de la Contraloría que le impide ejercer cargos públicos debido a inconsistencias no subsanadas en su declaración patrimonial.
- Daño al Erario: Existen carpetas de investigación abiertas por el presunto desvío de más de 3,400 millones de pesos relacionados con la construcción y arrendamiento de cuarteles policiales durante su sexenio.
Situación de los coacusados
A diferencia del exgobernador, otros implicados en la cadena de mando de aquel operativo, incluyendo mandos medios de la entonces Policía Michoacán, ya han sido presentados ante el juez vinculados a proceso.
Por su parte, el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, también cuenta con un mandamiento judicial vigente en su contra y se encuentra fuera del radar de las autoridades.
Hasta el cierre de esta edición, la actual administración estatal ha reiterado que no habrá impunidad y que la colaboración con las autoridades federales es total para lograr la localización de los señalados.
