La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una Carpeta de Investigación por hechos que podrían constituir el delito de extorsión, presuntamente cometidos por cuatro elementos de la Guardia Civil, en agravio de dos personas de nacionalidad extranjera, en la capital del estado.
De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron el pasado 29 de diciembre, cuando los agentes estatales realizaban labores propias de su encargo en las inmediaciones de un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Morelos. Al lugar arribó un hombre acompañado de una mujer, quienes buscaban a personas que habitaban dicho domicilio.
Durante la interacción, uno de los elementos habría advertido que el hombre presentaba acento extranjero, presuntamente centroamericano, motivo por el cual los agentes le exigieron la cantidad de 20 mil pesos a cambio de no ponerlo a disposición de la autoridad, bajo el argumento de su condición migratoria y la advertencia de una posible deportación.
Ante la exigencia, la víctima solicitó apoyo a familiares para realizar una transferencia bancaria por el monto requerido; no obstante, uno de los agentes continuó presuntamente solicitando una suma mayor para evitar su detención.
Minutos después, arribó al sitio más personal policial para reforzar la vigilancia del inmueble. Fue en ese momento cuando las víctimas informaron a uno de los elementos recién llegados que estaban siendo extorsionadas por sus propios compañeros, mostrando como evidencia la captura de la transferencia bancaria realizada, así como un video en el que se escuchan parte de las exigencias y la negociación.
Derivado del señalamiento directo y de los indicios presentados, fueron detenidos en flagrancia Bárbara Aidee “N”, de 35 años; Carlos Alberto “N”, de 23; José “N”, de 25, y Sebastián “N”, de 21 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.
La FGE informó que continuará con las investigaciones a fin de esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica de los implicados, conforme a lo establecido en la ley.
