CDMX.- La mañana de este viernes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, señaló que un juez federal, decidió suspender temporalmente la aplicación de la reforma energética, considerada como una de las prioridades para la cuarta transformación.
Ante ello, el mandatario de nuestro país, ha solicitado al poder judicial revisar el actual del juez y afirmó que acudirá ala suprema corte para dar seguimiento y hacer valer la reforma que se promulgó hace algunos días.
Estas modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, ha generado reacciones al violar el principio de libre cometencia y favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), paraestatal dirigida por Manuel Bartlet, las empresas de la iniciativa privada están suspendidas hasta por lo menos el 18 de marzo, cuando el juez tiene que decidir si mantiene la suspensión de forma definitiva mientras dura el juicio.
A penas había pasado un día de la entrada en vigor de la nueva reforma, cuando se hizo notar la molestia del presidente de México, a través de un discurso lleno de criticas al sistema judicial, diciendo que: “Estos jueces surgen cuando se llevó a cabo la Reforma Energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras. No para proteger y defender el interés nacional entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo el primero”.
También se refirió a la defensa que habrá de realizar de la reforma que él mismo ha propuesto y que fue aprobada sin que se le hubiera cambiado una sola coma al texto, afirmando que: “Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial revise el proceder de estos jueces, porque sería el colmo que en perjuicio del país estuviese al servicio de particulares”.
Ante esta inconformidad del presidente se han levantado críticas entre los juristas, pues la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, ha enfatizado en un comunicado que «su único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho”.
Por su parte el exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, ha calificado de “lamentables” las declaraciones “Por el franco desconocimiento del derecho, como por la manera de tratar el tema fuera del único lugar en donde debieran hacerlo: El recurso”, ha escrito en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, hace un par de semanas, el presidente tachó de “traidores a la patria” a los abogados que ayuden a las empresas a impugnar la reforma.
Sin embargo, el juez segundo de distrito especializado en competencia económica, ha sido blanco del enfado de López Obrador, pues aceptó el jueves, la petición de una empresa fotovoltaica para suspender la aplicación de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica.
Además, determinó que la suspensión tuviera un carácter general para todas las empresas participantes en el mercado eléctrico mayorista, para no otorgar una ventaja competitiva a la denunciante. En su acuerdo, el juez recordó que había tomado medidas similares en otros amparos.
En contexto, desde 2019, empresas las energéticas y organizaciones ambientalistas han recurrido ante los tribunales una batería de modificaciones administrativas al modelo eléctrico, impulsadas por el Gobierno, para limitar la participación privada en la generación de energía.
Todos los cambios se han topado con suspensiones definitivas por parte de los juzgados, ya que incluso, la Suprema Corte de Justicia, echó abajo en febrero algunas cláusulas de una regulación del Ejecutivo tras la presentación de una controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
La batalla legal que ahora enfrenta la nueva reforma del Gobierno se prevé larga, debido a que los partidos de la oposición han amenazado con llevar una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte, mientras las empresas afectadas y algunas organizaciones ambientalistas, preparan amparos para intentar suspender los efectos de la medida.
Y es que afirman que esta nueva reforma viola el principio constitucional de la libre competencia y el derecho a un medio ambiente sano, al dar prioridad a las plantas de la CFE por muy caras o contaminantes que sean.
En caso de que estos recursos fracasen, existe la posibilidad de elevar la disputa a los mecanismos de arbitraje internacional previstos en los tratados comerciales, firmados por México, entre ellos el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.
