Por: Rafael Ayala Villalobos
No nos hagamos bolas. El señor presidente don Andrés Manuel López Obrador está construyendo una dictadura, un régimen autocrático.
Por eso quiere debilitar la operatividad del Poder Judicial de la Federación eliminándole sus fideicomisos hechos con ahorros propios de su presupuesto y aportaciones de sus trabajadores de base a sus fondos de ahorro, no con dinero extra que le hubiera dado Hacienda, esto es, el Poder Ejecutivo.
El presidente López desea dificultarle al Poder Judicial el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene con sus trabajadores. Empezó por atacar a la Suprema Corte pero ya se le pasó la mano: ahora quiere saquear los dineros de los fideicomisos que los trabajadores del Poder Judicial ahorraron durante muchos años, que han sido auditados sin que resultaran problemas y de los cuales da informe trimestral a Hacienda. Por eso la base trabajadora del Judicial está que echa humo por las orejas de enojo digno y justificado y están en paro.
¿Qué pasará ahora con ese dinero? el Poder Judicial deberá entregarlo a la Secretaría de Hacienda y de ahí a la “licuadora” opaca y corrupta de donde el presidente subsidia la ineptitud y corrupción de Pemex, de Dos Bocas, del Tren Maya y sobre todo, para el “cochinito” electoral de Sheimbaum.
No nos hagamos bolas, el dictador quiere su “Maximato” y su dictadura.
Por eso Sheimbaum dice que ocupamos una nueva Constitución, igualito que hicieron Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua.
Por eso, porque López construye su dictadura a trasmano, destruye paso a paso el sistema de instituciones democráticas: al municipio, a la policía civil, a la división de poderes, a los órganos autónomos y ciudadanos como el encargado de la transparencia, al sistema electoral autónomo y ciudadano, por eso acaba de centralizar el sistema de salud quitándoselo a los estados.
No nos hagamos bolas: la pretensión de Morena, Sheimbaum y sus aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo de recortar el presupuesto al Poder Judicial de la Federación para 2024 no está basada en un análisis situacional serio del Poder Judicial ni en el diálogo democrático y republicano entre el Judicial y el Ejecutivo, sino en las puras ganas de fregar, de vengarse, de disminuir al Judicial en sus capacidades operativas que dificultarán el derecho de las y de los mexicanos a defenderse de los abusos de las autoridades. Porque eso es la Suprema Corte: el valladar que frena los abusos del poder en favor de los ciudadanos.
Es cosa de recordar que hace poco durante la pandemia del coronavirus, los padres de una menor de edad que tuviera la edad que le daba derecho a ser vacunada, podían ir a un juez de lo federal solicitando amparo para defender su derecho humano a la salud del agravio que le estaba causando el gobierno al negarle la vacuna por su ineptitud al no tenerla, por ejemplo. El juez federal concedía el amparo que obligaba a la Secretaría de Salud a vacunar a esa menor.
Es solo un ejemplo que miles y miles de mexicanos vivieron para satisfacer su derecho a la salud, cosa que salvó vidas, a no dudarlo, gracias al Poder Judicial independiente del Ejecutivo.
Y no solo por vacunas sino también en demanda de cirugías y tratamientos la Corte ha defendido a las familias ante el Poder Ejecutivo que trae un desbarajuste en materia de salud.
Derechos de cientos de personas que no reciben servicios de salud como obliga la Constitución, han sido amparados para que las autoridades cumplan con sus obligaciones.
Otro ejemplo: ¿recuerdan que el dictador quiso pisotear la Constitución para que arbitrariamente el Ejército operara a la Guardia Nacional, no obstante que la Carta Máxima lo prohíbe expresamente? La Suprema Corte, como tribunal de control constitucional analizando varias suspensiones por amparo, resolvió que era ilegal la pretensión del presidente.
O sea, los ministros de la Corte nos defendieron de una brutal militarización y de que en la práctica se lesionaran las libertades, la democracia y peligraran los derechos humanos. Esto hay que valorarlo a suficiencia.
El dictador López alega sin razón y mintiendo. Dice que en el Judicial hay privilegios y corrupción. Es como cuando el burro habla de orejas.
Es mentira que haya privilegios en el Poder Judicial. Así de claro hay que decirlo.
Los constituyentes desde que redactaron la Constitución de 1917, avizoraron cómo evitar riesgos para la democracia y pusieron controles republicanos para que los integrantes del Poder Judicial ganaran bien de acuerdo a su nivel de responsabilidad a fin de que en exclusiva se dedicaran a impartir justicia, como por cierto, lo establece la ONU, lo que mucho ayuda a evitar la corrupción.
Para ese fin el Poder Judicial creó desde hace muchos años esos fideicomisos, tendientes todos a fortalecer su independencia respecto del Ejecutivo, mejorar su infraestructura y operatividad y proteger socialmente a sus trabajadores.
La desaparición de los fideicomisos viola el artículo 123 constitucional en sus fracciones IV y XI del apartado B en lo tocante al salario y como se integra, y de los artículos 14 y 16 en lo que ve a las pensiones.
Hace poco el presidente culpó al Poder Judicial del rezago en la atención a los juicios y de que haya presos esperando sentencia. Este comentario simplón exuda la ignorancia presidencial.
No ve que limitaciones institucionales de las fiscalías y el desconocimiento de los militares en materia policial, dificultan que el Ministerio Público pueda llevar casos sólidos y probados ante los jueces, quienes por ley tienen que dejar libres a muchos detenidos por el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. No es su culpa.
El presidente más bien tiene que voltear a ver que desde que asumió el poder tiene congeladas las plazas operativas del Poder Judicial y ahora en México hay 5 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando por ejemplo en Europa hay entre 18 y 65 por cada 100 mil habitantes, según su nivel de litigiosidad.
Hay que decirlo claro: el Poder Judicial carece de una burocracia como la del Poder Ejecutivo: 8 de cada 10 trabajadores realizan funciones y tareas jurisdiccionales y resuelven casi 1 millón 900 mil casos por año, lo que los hace de los 15 más productivos del mundo.
Si en el mal gobierno de López el lineamiento para designar funcionarios fue: “Bajos salarios, escasa preparación y mucha honestidad”, que repitiéndolo como merolico mentiroso en la campaña le allegó votos de despistados, el resultado está siendo todo lo contrario y de manera comprobada: el fraude de 11 mil millones en Segalmex, los fraudes en Dos Bocas, en las pensiones, en Bienestar, en el AIFA, en el Tren Maya, entre otros ya muy publicitados documentadamente, colocan al de Amlo como el gobierno más corrupto de la historia.
Este y otros casos ponen en duda la eficacia de la política de menores salarios y capacidad, pero mayor honestidad. Por eso en el Poder Judicial se pide capacidad, honestidad, lealtad y compromiso.
El dictador está enojado consigo mismo porque su política de seguridad se fue al caño y quedó a deber a los mexicanos.
Hoy hay más narcotráfico, más delincuencia organizada, más desaparecidos y homicidios, más miedo y la percepción de inseguridad creció de 45 a 60 por ciento, aunque, cosa rara, muchos prófugos del ácido fólico no alcanzan a entender que el responsable de este fracaso es el presidente. Este es el sexenio más violento de todos.
No nos hagamos bolas: el dictador quiere debilitar al Poder Judicial porque no le ha aprobado algunos de sus caprichos y arbitrariedades y como preparativo para cuando intente que no haya elecciones o no reconozca el triunfo de la oposición democrática.
Si al presidente le importa acabar con la corrupción ya hubiera empezado por escudriñar al Ejército y no etiquetar su gasto como “de seguridad nacional” para evitarle auditorías.
¿Cómo es que al Poder Judicial los de Morena le quitan fideicomisos pero le autorizan nuevos a las fuerzas armadas? Porque, zalameros, le solapan los berrinches al dictador.
No nos hagamos bolas, que no nos digan, que no nos cuenten: los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Judicial no son para privilegios como con falsedad lo quiere hacer creer el presidente.
Ni un solo peso se usa para eso.
La mayoría del dinero es para pensiones ordinarias del ISSSTE y pensiones complementarias, para la mejora de infraestructura (como los tiene la Sedena y la Secretaría del Bienestar, por ejemplo). Ello sirve para mejorar la autonomía del Poder Judicial, cosa ahora mayormente útil a la República cuando el legislativo está sometido al Ejecutivo.
Uno de los fideicomisos es utilizado para atender las reformas judiciales en materia penal y los derivados del Tratado de Libre Comercio T-MEC.
Otro atiende, entre otras cosas, al traslado de los jueces cuando los cambian de ciudad, esto es, de adscripción, cosa de lo más normal en el mundo.
Lo más importante es que no nos hagamos bolas, que entendamos que el Poder Judicial nos sirve a los mexicanos y que es necesario que se mantenga firme e independiente de las presiones económicas y políticas que buscan arrodillarlo y debilitarlo en perjuicio de la familias de los mexicanos.
Pero ojo: toca a los ciudadanos alzar voz, es su única arma, y movilizarse en defensa de la República democrática, la división y respeto entre los poderes del Estado y en contra de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, por lo que ello significa.
Mañana domingo a las 12 del día el Frente Cívico Nacional La Piedad tendrá una cita informativa frente al santuario del Señor de La Piedad, en la fuente de la garza para éste fin: alzar la voz.
Sean felices.
