Un reporte de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó la existencia de una red de espionaje contratada durante el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, así como operaciones patrimoniales vinculadas a empresas relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont.
El informe señala que una empresa ligada a Álvarez Puga estuvo involucrada en la cesión de un rancho en Palm Beach, Florida, a una compañía relacionada con el entonces secretario de Finanzas estatal, Carlos Maldonado Mendoza, de acuerdo con registros oficiales en Estados Unidos.
Los documentos confirman que el inmueble fue adquirido por 4985 Stables LLC, empresa vinculada a Álvarez Puga, y posteriormente transferido sin contraprestación en agosto de 2022 a Raik Holdings Corp, firma asociada al entorno del exfuncionario financiero.
La operación ocurrió después de que, durante el sexenio anterior, el gobierno michoacano otorgara a empresas relacionadas con Álvarez Puga contratos por más de 130 millones de dólares, principalmente bajo el concepto de servicios de seguridad e inteligencia.
Cronología de los hechos:
- En 2017, la Secretaría de Finanzas de Michoacán firmó un contrato millonario con una empresa vinculada a Álvarez Puga para la operación de un sistema de vigilancia, acuerdo autorizado por Carlos Maldonado Mendoza.
- En 2019, el empresario adquirió el rancho en Palm Beach mediante la firma 4985 Stables LLC, según registros inmobiliarios del condado correspondiente.
- En agosto de 2022, la propiedad fue cedida a Raik Holdings Corp, empresa presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, exsubordinado directo de Maldonado Mendoza en la Secretaría de Finanzas estatal.
- Posteriormente, en 2024, el inmueble fue vendido por varios millones de dólares, operación que también es analizada por autoridades financieras.
- En octubre de 2025, Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias, mientras el gobierno mexicano formalizó una solicitud de extradición por delitos financieros.
Actualmente, el seguimiento a este rancho y a otras propiedades en el extranjero forma parte de las investigaciones abiertas en México y Estados Unidos, donde se analiza el destino de recursos públicos y la posible responsabilidad de exfuncionarios estatales.
