Dolores Hidalgo, Gto.– En un operativo sin precedentes, autoridades estatales y federales lograron rescatar a más de 700 personas víctimas de trata con fines de explotación laboral en un rancho agrícola ubicado en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato.
El cateo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Policía Municipal, así como personal del DIF estatal y municipal, Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado. También participó la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNA).
Las personas rescatadas, entre ellas hombres, mujeres, menores de edad, mujeres embarazadas e incluso bebés, fueron halladas en condiciones precarias, realizando trabajos agrícolas en situación de explotación. De acuerdo con las autoridades, muchas de las víctimas provenían de estados del sur del país como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, regiones con altos índices de marginación y pobreza.
Durante el operativo también fue detenida una persona en posesión de narcóticos, lo que derivó en la apertura de una segunda carpeta de investigación. Las víctimas recibieron atención médica, psicológica y fueron trasladadas a espacios seguros donde continuarán recibiendo acompañamiento institucional.
FGE INICIA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral, considerada una de las más grandes detectadas en la entidad en los últimos años.
Hasta el momento, no se ha informado el número de detenidos responsables de la red de explotación, pero las autoridades aseguran que las investigaciones continuarán para castigar a los implicados y desarticular posibles vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2024 se registraron 615 víctimas de trata de personas en el país, aunque organizaciones civiles advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor, debido a la falta de denuncias y la dificultad para detectar estos delitos en zonas rurales.
Este caso pone en evidencia la urgencia de reforzar los mecanismos de protección, vigilancia y atención a poblaciones vulnerables que, en busca de empleo, terminan atrapadas en redes de explotación.
