Ciudad de México.– Los ingresos de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y de al menos siete integrantes de su familia suman cerca de 12 millones de pesos anuales, de acuerdo con una revisión de registros públicos y datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre las personas mencionadas se encuentran familiares que ocupan o han ocupado puestos en dependencias federales, el gobierno de Sonora, el Congreso estatal y organismos públicos.
Durante su gestión al frente del INE, Guadalupe Taddei reportaba un salario anual bruto de aproximadamente 4.7 millones de pesos.
Su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, se desempeña como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con ingresos anuales netos reportados de un millón 661 mil 928 pesos.
Otro de sus hijos, León Fernando Piñeda Taddei, ocupó hasta febrero de 2026 la Dirección de Mercadotecnia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde reportó ingresos anuales por 360 mil 509 pesos.
También figuran su sobrino Pablo Daniel Taddei Arriola, director general de Litio para México (LitioMx), con ingresos reportados de un millón 749 mil 519 pesos durante 2025, y Jorge Luis Taddei Bringas, primo de la exconsejera y exdelegado de los Programas para el Bienestar en Sonora.
La relación incluye además a otros familiares que han ocupado cargos en instituciones estatales y federales. Las cifras corresponden a distintos puestos y periodos, por lo que no necesariamente representan salarios vigentes de manera simultánea.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó que exista un grupo familiar que controle puestos públicos bajo la denominación de “clan Taddei”. Sin embargo, reconoció que intervino o recomendó a algunos integrantes de esa familia para ocupar posiciones dentro de gobiernos vinculados con Morena.
Durazo defendió la permanencia de Luis Rogelio Piñeda Taddei como su secretario particular y sostuvo que su trayectoria profesional respaldaba su nombramiento.
La presencia de varios familiares en cargos públicos ha generado cuestionamientos sobre los criterios de contratación y posibles conflictos de interés. No obstante, el parentesco entre funcionarios no demuestra por sí solo la existencia de una falta administrativa o un delito.
