El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, giró instrucciones a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intensificar las redadas y deportaciones masivas de migrantes indocumentados, especialmente en las denominadas «ciudades santuario», donde predominan gobiernos locales demócratas.
La orden forma parte de la operación «Reclaim the Border» (Recuperar la Frontera), lanzada por Trump al inicio de su segundo mandato. Este nuevo despliegue prioriza acciones en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, entre otras urbes, donde se prevé un incremento significativo de operativos y detenciones.
De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, la meta es alcanzar hasta 3,000 detenciones diarias, cifra que triplica el promedio actual. Además, se contempla el uso de personal militar de apoyo, incluyendo efectivos de la Guardia Nacional, en zonas con alta concentración migrante.
Tensión con gobiernos locales
Gobernadores y alcaldes de estados y ciudades afectadas han calificado la medida como una intromisión federal inconstitucional. Gavin Newsom, gobernador de California, anunció que su administración interpondrá una demanda por lo que considera un «ataque directo a la soberanía estatal».
En tanto, legisladores del Partido Demócrata acusaron a Trump de utilizar la política migratoria con fines electorales y de generar una “atmósfera de persecución racial” en comunidades latinas.
Efectos colaterales
Organizaciones civiles denunciaron que las nuevas redadas han generado temor generalizado, incluso entre migrantes con estatus legal. Comercios latinos reportan una disminución en ventas, mientras familias evitan salir de casa por miedo a ser detenidas.
A pesar de ello, la administración Trump asegura que las medidas buscan “restaurar el orden” y “sacar a criminales indocumentados del país”, aunque defensores de derechos humanos señalan que la mayoría de las personas detenidas no tienen antecedentes penales.
La orden ejecutiva se produce en un contexto de creciente polarización política en Estados Unidos, y ha reavivado el debate sobre el uso de fuerzas federales para ejecutar políticas migratorias en territorios donde las autoridades locales han adoptado posturas de protección a las comunidades migrantes.
