Tequila, Jalisco.- Un juez federal vinculó a proceso a Diego Rivera Navarro, ex presidente municipal de Tequila, Jalisco, por su presunta participación en delincuencia organizada con fines de secuestro agravado, en un caso que involucra el plagio y tortura de dos precandidatos de Morena en 2021, con el objetivo de forzarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas.
Durante la audiencia del pasado 10 de febrero, el juez Mario Elizondo Martínez del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez determinó que existen datos de prueba suficientes presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar un proceso penal contra Rivera, por hechos que podrían ameritar penas de 40 a más de 90 años de prisión si se acreditan los delitos.
Además del ex alcalde, también fueron procesados dos de sus colaboradores: Juan Manuel “N”, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel “N”, ex director de Licencias/Catastro, ambos señalados por su probable participación en los mismos hechos y que permanecerán en prisión preventiva oficiosa en un penal federal en Chiapas.
De acuerdo con la acusación de la FGR, en marzo de 2021 Guillermo Cordero García y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, ambos aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Tequila, fueron privados de la libertad, golpeados y torturados para obligarlos a renunciar a sus candidaturas, bajo la presunta dirección de Rivera.
La audiencia también incluyó la ratificación de la prisión preventiva oficiosa para los tres imputados, mientras continúa la investigación complementaria en los próximos meses.
Durante el proceso, autoridades federales señalaron que los hechos ocurridos podrían estar relacionados con una presunta red criminal integrada por servidores públicos con vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algo que Rivera ha negado en audiencia, rechazando conocer a líderes del grupo delictivo.
En respuesta a las acusaciones y como medida cautelar, Morena suspendió temporalmente los derechos partidarios de Rivera mientras la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido analiza iniciar un proceso de expulsión por violaciones a los estatutos y principios partidistas.
Este caso ha generado atención mediática y política en Jalisco y a nivel nacional, en medio de un contexto de señalamientos por corrupción, extorsión y presuntos nexos con el crimen organizado en gobiernos municipales.
