La Piedad, Mich.- En un hecho sin precedentes, el Poder Judicial Federal ha ordenado a todas las instancias ambientalistas iniciar acciones, en un plazo no mayor a 30 días, para sanear el río Lerma en su paso por La Piedad.
Esto, en respuesta al juicio de amparo promovido por la ciudadana Beatriz Hernández que data del año 2023. Todavía más atrás, en 2012, en entonces Secretario del Medio Ambiente, Juan Manuel Elvira Quezada, reconoció un estado de emergencia ambiental en la zona conurbada de La Piedad y Santa Ana.
El caso es que ahora, la justicia de la Unión fijó un plazo de 30 días para que las instancias responsables presenten un programa integral de saneamiento, acompañado de un cronograma de acciones y reportes bimestrales que acrediten el cumplimiento de la sentencia. El mandato no es simbólico: incluye sanciones económicas y administrativas para quienes incurran en evasivas o dilaciones injustificadas.
El fallo fue emitido bajo la ponencia del magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras por el Pleno del Primer Tribunal de Circuito del XI Circuito, órgano jurisdiccional que preside el magistrado Omar Liévanos, con sede en Morelia.
SANCIONES A QUIÉN NO CUMPLA
La resolución ordena mitigar, sanear, reparar y restaurar la cuenca en el tramo de La Piedad (el cauce viejo, en la zona conurbada entre La Piedad y Santa Ana), con multa de 26 mil pesos en caso de incumplimiento y la advertencia de separación del cargo y posibles responsabilidades penales para las autoridades omisas.
El caso deriva del juicio de amparo en revisión 63/2023, promovido por la ciudadana Beatriz Hernández tras un prolongado litigio federal. El Tribunal determinó que el juez de Distrito vulneró el bloque de constitucionalidad al no proteger de manera adecuada el derecho humano al medio ambiente, retomando el reclamo ciudadano por la degradación del afluente y la falta de vigilancia sobre descargas de aguas residuales, desechos urbanos y contaminantes industriales.
Durante años, el río ha sido convertido en un canal de residuos que genera malos olores, proliferación de mosquitos y presencia de compuestos bioquímicos y metales pesados, con impacto directo en los ecosistemas y en la salud pública.
La sentencia obliga a las autoridades a crear campañas preventivas, instaurar un fondo ambiental para la reparación del daño hídrico y aplicar los lineamientos de la legislación vigente en materia ecológica, con el objetivo de garantizar el acceso al agua de calidad conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, la Secretaría de Salud deberá informar sobre los riesgos sanitarios asociados a la contaminación del agua y emprender acciones para prevenir y atender enfermedades derivadas de la exposición a estos contaminantes.
La resolución judicial coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad institucional frente a un problema ambiental histórico, cuyo impacto trasciende lo ecológico y alcanza la salud, la calidad de vida y el derecho fundamental de la población a un entorno sano.
